Brasilia, 10 de enero. El lanzamiento de un programa de defensa de los derechos humanos en Brasil, que incluye la creación de una comisión de la verdad para investigar los delitos cometidos durante la dictadura militar de 1964 a 1985, desató presiones de militares que se oponen a reabrir casos del pasado y puso al gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una crítica situación política, con amenazas de renuncia de los ministros de Defensa, Nelson Jobim, y de Derechos Humanos, Paulo Vanuchi.

Vanuchi amenazó con dimitir si el gobierno acepta la presión de los militares para modificar el flamante Programa Nacional de Derechos Humanos, lo que agrava una crisis que según el diario Folha tendrá que enfrentar este lunes el presidente Lula da Silva.

No puedo admitir que transformen el programa en un monstruito político, único en el planeta, sin apoyo de la Organización de Naciones Unidas ni de la de Estados Americanos, dijo Vanuchi. Si no surge una solución satisfactoria, no puedo quedarme, añadió.

El presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Cezar Britto, se solidarizó con Vanuchi en su lucha por el derecho a la memoria y la verdad y manifestó que quien torturó, cometió delito de lesa humanidad y debe ser castigado.

La OAB de Río de Janeiro sugirió la dimisión del ministro de Defensa, Nelson Jobim, y los comandantes militares.

El lanzamiento del programa en diciembre abrió una crisis con los militares, irritados con la creación de una comisión de la verdad para investigar los delitos de la dictadura y, en reacción a la decisión del Poder Ejecutivo, el ministro de Defensa y los comandantes de las tres fuerzas militares –ejército, armada y aviación– amenazaron con dimitir.

Los militares, según explicó el presidente del Frente de Defensa del Parlamento, Raúl Jungman, no quieren ser los únicos en ser investigados, y reclaman que esas investigaciones sean también para la resistencia política.

El programa, un amplísimo compendio de objetivos gubernamentales, ha sido elogiado por las organizaciones sociales, pero irritó también a la Iglesia católica, temerosa de que apoye el aborto y haga más laico el Estado; a empresarios agrícolas, que consideran que impulsa a los campesinos del Movimiento Sin Tierra, en detrimento del llamado agronegocio, y a los medios, que piensan que ataca la libertad de expresión.

Otro ministro de Lula que se sumó a las críticas del programa fue el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, porque el documento muestra prejuicios con la agricultura comercial.

Pero la más frontal es la crisis con los militares, porque en Brasil una ley de amnistía liberó hace varios años de juicio a los represores de una dictadura, que produjo unos 400 muertos y desaparecidos, así como la migración forzosa de activistas y líderes políticos opositores de izquierda.

Lula enfrentará otro embate con los militares a su retorno de vacaciones este lunes, después de que el diario Folha divulgó la semana pasada que la fuerza aérea favorece la compra del avión caza sueco Gripen NG, en detrimento del favorito del gobierno, el francés Rafale.

Esta licitación, que involucra contratos por varios millones de dólares y un proyecto de fabricación de aeronaves de guerra en Brasil, está en discusión desde el segundo semestre de 2009.