La moral de la Iglesia no puede ser el fundamento de una ley, advirtió el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, al ser cuestionado sobre las declaraciones hechas por jerarcas de distintas organizaciones religiosas en torno a las reformas al Código Civil local que permiten el matrimonio y la adopción de menores a personas del mismo sexo.

Aclaró que respeta la posición de cada persona, ya que cada quien tiene derecho a pensar de manera diferente, sin embargo, remarcó: lo que no se puede hacer es imponer una moral en la ley.

Ebrard acotó que por fortuna, somos un Estado laico.

El 28 de diciembre de 2009 el jefe de Gobierno promulgó las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa al Código Civil, las cuales entrarán en vigor a principios de marzo de 2010.

En opinión de Ebrard Casaubon vale la pena apoyar todo aquello que lleve a que las personas puedan vivir en libertad y a que nadie sea perseguido o excluido por sus preferencias sexuales, por su ideología o por su apariencia.

El titular del Ejecutivo local refirió que, en términos históricos, hace todavía muy poco tiempo, en México no se permitía el divorcio o que las mujeres votaran. O sea, la tendencia ha sido ir reconociendo los derechos de las personas y sus libertades, resumió.

Por su parte, Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, confió en que en breve la Procuraduría General de la República (PGR) interpondrá el recurso de inconstitucionalidad para anular las reformas al Código Civil, lo anterior en respuesta a la petición que le hicieron el colegio y la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas.

En entrevista, Martínez Gómez señaló que la PGR debe emprender esa acción, pues sería lo coherente ya que está de por medio el interés superior de los infantes, y en cuanto a la denuncia penal que grupos de homosexuales prevén interponer contra el cardenal Norberto Rivera por discriminación, expuso: estaremos pendientes de lo que ocurra, primero hay que ver si realmente lo hacen.

Explicó que la procuraduría tiene 30 días para interponer la controversia, esto a partir del 28 de diciembre, día en que fue publicada la ley en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal.