En un año electoral, el presidente Felipe Calderón exigió –en particular a los gobernadores– rendir cuentas. Basta de opacidad y derroche de recursos destinados en ocasiones a asuntos no sustanciales para el país, dijo.

Criticado por la oposición, en particular por el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, por los incrementos a la gasolina, el Presidente atribuyó ayer las medidas tomadas –sin mencionarlas directamente– a la responsabilidad de su gobierno. Afirmó que con ellas se evitó gravar severamente los ingresos de los mexicanos, aunque reconoció que es difícil que sean del gusto de nadie.

Una vez que el Banco de México informó por anticipado que en 2009 se registró un índice inflacionario de 3.5 por ciento, el mandatario también se congratuló por esta cifra, al ser la más baja o la segunda más baja registrada en el país.

El único momento en que se refirió a los recientes ajustes en el precio de algunos combustibles fue para señalar que ya están incorporados en el mencionado índice inflacionario. Esto demuestra –añadió– que es posible mantener la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal en el país.

Acompañado por el nuevo secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, Calderón recibió de manos de José Ángel Gurría, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los resultados de un estudio que recomienda, entre otros aspectos, que estados y municipios apliquen las mismas medidas de eficiencia y rendición de cuentas que la Federación, y que el Poder Legislativo utilice indicadores de desempeño para definir el presupuesto.

El Ejecutivo secundó a Gurría –a quien previamente había elogiado por ser un destacado mexicano– y aprovechó para lanzar un reproche al Congreso de la Unión: no deja de ser una paradoja de que quienes más reclaman eficiencia en el uso del gasto público son también los primeros en destinar mayores recursos a los que han sido evaluados negativamente en su eficiencia para distribuir riqueza, planteó.

Luego de que el año pasado PRI y PRD rechazaron destinar los fondos solicitados por Calderón para algunos programas sociales, como Oportunidades, el Presidente les pidió tomar en cuenta los estudios; se quejó de que los programas mejor calificados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) son castigados en el Congreso, y los peor evaluados reciben incrementos.

Luego enderezó sus críticas contra estados y municipios. Señaló que es imperativo ético, político e inaplazable la transparencia y eficiencia en el gasto, para que cada peso recaudado por el esfuerzo de los mexicanos sea posible monitorearlo cuando sale y entra a las arcas.

Además de asumir el compromiso del gobierno federal con la transparencia, hago un llamado respetuoso también a los gobiernos estatales a que asumamos, sin cortapisas, los estándares de rendición de cuentas que, en este caso, está promoviendo la OCDE, planteó.

Demandó acabar con la opacidad y el derroche, porque el pueblo no merece simulaciones o regateos para transparentar el destino de los recursos de todos los mexicanos.

Asimismo, el mandatario aprovechó para defender la iniciativa de reforma política que envió al Congreso, con el argumento de que busca ampliar los derechos de los ciudadanos que ahora no pueden manifestar su aprobación o desaprobación a gobiernos ineficaces u opacos, ni premiar a quienes dan buenos resultados.

Mientras apoyaba sus dichos dando golpes al atril, planteó sus coincidencias con Gurría sobre la necesidad de emprender una reforma fiscal, aunque reconoció que es un debate complejo que sólo puede ser constructivo en la medida que se suman posturas responsables de todos los actores políticos.

Insistió que México debe tener niveles de recaudación equiparables a otras naciones de América Latina, donde el promedio es de 18 por ciento, mientras aquí es de 11 por ciento, sin contar los ingresos petroleros.