poco menos de que se cumpla un año del arribo de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, las relaciones hemisféricas de Washington han arribado a un nuevo punto de tensión con la difusión, anteayer, de una grabación que da cuenta del sobrevuelo de un avión militar estadunidense sobre territorio venezolano, el cual tuvo lugar el 17 de mayo de 2009. Ayer, el gobierno de Caracas señaló, en voz de su vicepresidente, Ramón Carrizalez, que la grabación prueba la realización de acciones de espionaje en su contra por parte de Washington, y denunció que la superintendencia emplea territorio de otros países para violar la soberanía nacional.

El hecho comentado tiene como telón de fondo una escalada de crispación protagonizada por Colombia y la propia Venezuela, uno de cuyos elementos fundamentales es la cesión, por parte del primer país, de bases militares a Estados Unidos. En el contexto de ese conflicto, el presidente venezolano Hugo Chávez había denunciado ya en reiteradas ocasiones que Washington realizaba acciones de espionaje en su territorio mediante aviones no tripulados, acusaciones que habían sido sistemáticamente desmentidas por las autoridades estadunidenses. En lo sucesivo, es de suponer que la revelación de este vuelo recrudecerá las tensiones entre Caracas y Bogotá, y que afectará, además, las relaciones entre Venezuela y Holanda, país que mantiene con Washington un acuerdo para la operación del aeropuerto internacional de Hato, en Curazao, la mayor isla de las Antillas Holandesas y el punto desde el cual partió la aeronave de referencia.

No puede pasarse por alto que la difusión de estas grabaciones ocurre en un momento por demás complicado para Estados Unidos en materia de política exterior: el fallido atentado del pasado 25 de diciembre en contra de un vuelo de Northwest Airlines, además de exhibir las falencias de la inteligencia estadunidense, ha prefigurado el surgimiento de un nuevo frente bélico para Washington en Yemen; ha desentrañado la paranoia de los sectores más conservadores de la sociedad de ese país hacia el exterior, y ha derivado en la adopción de medidas cautelares adicionales para los pasajeros de vuelos provenientes de países discrecionalmente considerados patrocinadores del terrorismo, Cuba entre ellos.

A lo anterior deben añadirse las acusaciones lanzadas por el gobierno de La Habana en contra de Washington, luego de la captura, el pasado 5 de diciembre, de un contratista estadunidense que presuntamente repartía equipo de comunicación a los sectores disidentes de la isla. El episodio ha vuelto a congelar las relaciones entre Washington y La Habana, las cuales parecían abandonar décadas de distanciamiento a principios del año pasado, luego del arribo del político afroestadunidense a la Oficina Oval y de las primeras acciones adoptadas por su gobierno hacia la isla. Ahora, con la difusión del sobrevuelo de la armada estadunidense sobre territorio venezolano, crecen los factores de tensión con Venezuela y se profundiza la desconfianza del conjunto de países sudamericanos que, encabezados por Argentina y Brasil, perciben en las maniobras militares de Estados Unidos en la región una amenaza a sus soberanías.

Los hechos comentados –en adición al alineamiento de Washington con los golpistas que tomaron por asalto el poder en Honduras en junio pasado– ponen en perspectiva las limitaciones de las promesas y las buenas intenciones que la nueva administración estadunidense exhibió en su etapa inicial en lo que toca a su diplomacia hacia América Latina, y permiten ponderar la renuencia o la falta de capacidad del primer mandatario no caucásico de Estados Unidos para romper con los designios neocolonialistas dictados por su antecesor y por los integrantes del complejo militar-industrial de la superpotencia. Según puede verse, el actual ocupante de la Casa Blanca se aleja de la posibilidad de mejorar las relaciones de su país con los gobiernos de la región, y aporta, con ello, elementos de desencanto adicionales hacia su presidencia.