Autoridades de la Procuraduría Agraria (PA) y de la Secretaría General del Gobierno de Zacatecas permitieron el fraccionamiento ilegal de dos reservas ecológicas que suman casi 200 hectáreas, ubicadas a unos 15 kilómetros de la capital del estado, aseguraron ejidatarios de Tacoaleche, municipio de Guadalupe.

Los labriegos, encabezados por Gildardo González, secretario del comisariado ejidal de Tacoaleche, así como por gestores del Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo (PEIDA) de la Universidad Autónoma de Zacatecas, exigieron la intervención de los gobiernos federal y estatal.

Magda Collazo, vocera del PEIDA y asesora de los ejidatarios, señaló que la gobernadora Amalia García Medina firmó en 2005 un decreto para que se respetaran las reservas naturales La Magueyera y El Mezquital.

Los ejidatarios sostuvieron en conferencia de prensa en la capital de Zacatecas que Joel Arce, ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional y delegado de la PA, así como funcionarios de la Secretaría General de Gobierno estatal, alientan a campesinos para que se haga el reparto de lotes en las dos zonas de reserva.

Anunció que los ejidatarios que defienden las reservas ecológicas y miembros del PEIDA marcharán este viernes en Tacoaleche para exigir apoyo a las autoridades y pidieron al gobierno de Amalia García garantías de seguridad, pues ejidatarios y activistas han recibido amenazas de muerte.

Mientras, la asociación civil Ombligo Verde denunció ante la Procuraduría General de la República al gobierno municipal de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, por desmontar un terreno para construir la llamada Plaza Bicentenario sin contar con manifestación de impacto ambiental, informó Tulio Arroyo, presidente del organismo.

La Plaza Bicentenario es el principal proyecto del alcalde Gregorio Sánchez. Incluirá una nueva alcaldía, una catedral y un parque con una pista de hielo simulado.