Las declaraciones del titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sobre la postura de las diferentes iglesias contra los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por éstos provocaron reacciones encontradas entre representantes de diversos sectores.

Luego de mantener una actitud omisa en torno a los embates de jerarcas religiosos por la aprobación en la Asamblea Legislativa de la reforma al Código Civil del Distrito Federal que permite las uniones gays, el miércoles pasado el funcionario federal dijo que si bien hay límites a las iglesias en temas polémicos, el silencio no es una postura democrática, y se pronunció por que exista libertad de expresión para todos los actores.

Respecto a esas declaraciones, el presidente del PRD en el Distrito Federal, Manuel Oropeza, dijo que Gómez Mont expidió al clero una licencia de impunidad para entrometerse en asuntos de carácter político, y alimenta un ambiente de intolerancia y discriminación en contra de las personas de orientación sexual distinta.

El diputado del sol azteca David Razú lamentó esa postura del funcionario federal, y confió en que haya respuesta favorable al encuentro que le fue solicitado para tratar el asunto.

En contraste, el presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa, el panista Rafael Medina Pederzini, dijo que atacar a la Iglesia por estar en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo es tanto como atacar la fe de la gente de la ciudad de México.

El legislador consideró que la jerarquía católica está en su derecho de ejercer su libertad de expresión y hacer comentarios a su feligresía, lo cual no implica violar la Constitución.

La Arquidiócesis de México e iglesias cristianas evangélicas negaron que Gómez Mont los secunde en su lucha en contra de las bodas gays y la adopción de menores por estas uniones.

Por separado, Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis, y Eduardo Rangel, presidente de Pastores Unidos por México, refirieron que los comentarios del funcionario federal invocando la libertad de expresión de las iglesias y su labor de promoción de los valores morales que consideran pertinentes fueron no sólo mesurados, sino también pertinentes y acertados.

En tanto, organizaciones de la sociedad civil interpondrán una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra del cardenal Norberto Rivera Carrera, por las declaraciones que ha hecho sobre las bodas entre personas del mismo sexo. Consideraron que son discriminatorias y un claro llamado a la violencia en contra de la comunidad lésbico-gay.

Jaime López Vela, de la Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, explicó que presentarán este recurso la semana próxima con fundamento en el artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal, que tipifica la discriminación como delito.

A su vez, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República ejercer acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que avalan el matrimonio entre personas del mismo sexo.