La Procuraduría General de la República (PGR) presentará una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez Augusto Mejía, quien sentenció a 47 años de prisión a los secuestradores de Hugo Alberto Wallace. En contraste, jueces de procesos federales penales respaldaron la decisión de su compañero, pues ningún juez puede imponer una pena mínima o máxima caprichosamente, dijeron.

En tanto, el juez Mejía declinó hacer comentarios de cualquier índole a La Jornada respecto a las críticas hechas en su contra por Isabel Miranda de Wallace, madre de la víctima; sólo expuso que el artículo 52 del Código Penal Federal lo faculta a individualizar las penas, tomando en cuenta edad, nivel de educación, ilustración, costumbres, además de las condiciones sociales y económicas de cada inculpado.

Anuncia queja de la PGR

El anuncio de la queja que presentará la PGR fue hecho por Miranda de Wallace al término de una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, a quien le dijo que la frustrante sentencia contra los raptores de su hijo –exige la aplicación de la pena máxima, que alcanzaría 70 años de prisión– refleja que en el Poder Judicial no hay congruencia ni se aplica mano firme a los secuestradores.

Entrevistada en la sede del máximo tribunal, cuestionó además que muchísimos secuestradores obtienen su libertad gracias a los amparos que les conceden jueces federales, a pesar de haber sido encontrados culpables y sentenciados en primera y segunda instancias.

A sabiendas de que el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal no puede intervenir para modificar la sentencia de un juez, Miranda de Wallace afirmó que Ortiz Mayagoitia tomó nota de su denuncia y le prometió que seguirá con atención el proceso penal contra los secuestradores de Hugo Alberto.

En tanto, entrevistados por separado, jueces de procesos penales federales dijeron que en las sentencias se deben ceñir a las disposiciones que fija el derecho penal.

El pasado 23 de diciembre, el juez décimosexto de procesos penales federales condenó a César Freyre Morales a 47 años de cárcel; a Juana Hilda González Lomelí a 28 años, y a los hermanos Antonio y Alberto Castillo Cruz a 30 años nueve meses cada uno, por ser penalmente responsables de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y posesión de arma de fuego.