Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron atraer los amparos de los 12 atenquenses que se encuentran presos, a consecuencia de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006.

Fuentes judiciales confirmaron lo anterior y agregaron que al menos Ólga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y José Ramón Cossío avalan la propuesta de José de Jesús Gudiño Pelayo de que el máximo tribunal sea el que resuelva en definitiva la situación legal de los integrantes del Frente Popular por la Defensa de la Tierra (FPDT), particularmente de los casos de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, quienes fueron sentenciados a más de 100 años de prisión y purgan su condena en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México.

Trascendió que José de Jesús Gudiño Pelayo oficializará su propuesta de ejercer la atracción de los amparos en los próximos días, en sesión de la primera sala, la cual será respaldada en forma mayoritaria, si no es que unánime, si se suma el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Cabe señalar que cuando la SCJN analizaba el caso Atenco –en el que finalmente los ministros determinaron que funcionarios el gobierno federal y del estado de México violaron gravemente las garantías individuales de los pobladores de la región–, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Gudiño Pelayo se reunieron con los familiares de los activistas detenidos y les dijeron que la SCJN no podía intervenir en los asuntos de los activistas presos hasta que no hubiera sentencias definitivas por parte de la justicia del estado de México.

Al emitir en diciembre pasado las sentencias condenatorias en contra de los 12 atenquenses, Trinidad Ramírez se entrevistó con Gudiño Pelayo, quien le confirmó que solicitaría a la primera sala que conociera los amparos.

Al respecto trascendió que la mayoría de los ministros avalarán la petición de Gudiño, por considerar que el asunto es de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. Una vez que la primera sala atraiga el asunto, el caso se turnará a un ministro de la misma sala para que elabore el proyecto correspondiente en el que determine si procede o no la libertad de los acusados.