evigorizados tras su muy bien ganado periodo vacacional, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tuvieron a bien citar a comparecer a los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Energía, Georgina Kessel, para que expliquen la reciente alza en combustibles (gasolinas, diesel, gas). Sólidos retornaron a sus labores, pero siempre con buen corazón, porque si la señora Kessel no puede asistir a la cumbre con los legisladores, entonces se convocará al director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez, de acuerdo con el presidente de dicha comisión, Mario Alberto Becerra, según la agencia gubernamental Notimex. Ahora que si el de Pemex tampoco quiere, pues qué más da: bien podrían invitar a un despachador de gasolina, que para el efecto es lo mismo.

Muy entrones regresaron los legisladores de la Comisión Permanente, pero ¿qué tipo de explicación esperan obtener? Sólo ellos sabrán, pero lo importante es conocer (tras las sesudas argumentaciones de Cordero, Kessel, Suárez Coppel, el despachador de gasolina, o quien finalmente atienda el llamado) qué medida adoptarán los representantes populares si los funcionarios calderonistas no los convencen ni sus respuestas los satisfacen, lo que obviamente sucederá (de hecho ha sido la norma a lo largo de los últimos tres años). Entonces, ¿qué harán?, ¿cómo procederán? ¿Acaso echarán para abajo el aumento de precios en los combustibles, libremente autorizado por Felipe Calderón? ¿Obligarán al inquilino de Los Pinos a retomar los términos del pomposamente llamado Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo (que, dicho sea de paso, nada favorable procuró a la economía, y mucho menos a las familias y al empleo)? ¿Qué harán?, porque el juego de citar a comparecer está terriblemente desgastado y no sirve para mayor cosa.

De nada práctico sirve que Cordero, Kessel, Suárez Coppel o el despachador de gasolina los pasen a visitar para que expliquen el aumento al precio de los combustibles. Dirán la misma sarta de sandeces que han dicho en tres años, y que al país, entre otras gracias, le ha costado 6 millones adicionales de pobres (sólo en el primer bienio), cifras históricas de desempleo, profundo deterioro en el nivel de bienestar, 3 millones de desocupados, salarios de hambre y el peor desplome económico en ocho décadas. Los legisladores deben ser masoquistas para estar dispuestos a escuchar las explicaciones de los citados funcionarios calderonistas (preferible la argumentación del despachador de gasolina).

Supongamos –en un sueño guajiro– que los muchachos de la Comisión Permanente deciden echar para atrás el aumento en el precio de los combustibles, lo que de inmediato los obligaría a cancelar los incrementos en los demás bienes y servicios del sector público (tarifas eléctricas y peajes, por ejemplo), algo que en automático los llevaría a dar por muertos los nuevos impuestos y el aumento en los existentes por ellos mismos aprobado en la revisión del paquete económico 2010, y al mismo tiempo decretar un aumento salarial muy por arriba de la perspectiva inflacionaria.

Pero no sólo eso: una vez cancelados los aumentos de precios en bienes y servicios del sector público, y borrados del mapa los nuevos impuestos y los incrementos a los existentes, más el aumento salarial que restituya parte del poder adquisitivo, los integrantes de la Comisión Permanente tendrían que sentarse con industriales y comerciantes para convencerlos no sólo de frenar la escalada de precios en bienes y servicios del sector privado, sino obligarlos a retroceder a los niveles registrados antes de que al brillante y resultón gobierno calderonista se le ocurriera la brillante idea de mandar a paseo el susodicho Acuerdo Nacional, incrementara descaradamente los precios de los combustibles en un clásico sabadazo, y, por esa misma alegre decisión, soltara las amarras inflacionarias y desatara la cuarta escalada consecutiva durante su plácida estancia en Los Pinos.

¿Los integrantes de la Comisión Permanente están dispuestos a proceder así?, ¿a intervenir decididamente por el bien de sus representados?, porque sólo de esa manera se entendería el morboso gusto que tienen de escuchar las sandeces de los funcionarios calderonistas. Obvio es que no lo harán. Entonces, qué sentido tiene armar el numerito para que nada suceda, pues los aumentos de precios, públicos y privados, ni los Reyes Magos los echan para atrás; tampoco el asunto de los impuestos, y al poder adquisitivo no lo levanta ni el Viagra. Así, menos show y más eficiencia. Si los legisladores suponen que fortalecerán sus de por sí robustos índices de popularidad con este tipo de citatorios para que les expliquen cómo se destroza un país, entonces de plano no tienen remedio.

Eso, por el lado de los legisladores. Por el del inquilino de Los Pinos vale recordar que al anunciar su Acuerdo Nacional (7 de enero de 2009) entre otras cosas prometió que se congelarán los precios de las gasolinas en todo el país durante todo el año y que se reducirá el precio del gas LP en 10 por ciento, manteniéndolo en ese nivel por el resto del año, y lo hizo para ampliar el ingreso disponible de las familias y de las empresas (dinero) que podrán ahorrar o destinar a la adquisición de otros bienes, además de que también se beneficiarán por una menor inflación que resultaría de estas acciones.

Eso dijo casi un año atrás. Ahora por la libre aumenta los precios de gasolinas y gas LP (más el diesel), lo que hace suponer (para ser congruente con su discurso de enero de 2009) que procedió en tal sentido para disminuir el ingreso disponible de las familias y las empresas, cancelar cualquier posibilidad de ahorro y adquisición de otros bienes, y maltratarlas con la mayor inflación que resultará de estas acciones.

En la misma línea hizo público que el referido acuerdo también se enfoca al apoyo de la competitividad y a las pequeñas y medianas empresas; esto incluye nueve medidas (entre ellas): se reducirá el precio de la electricidad a los industriales (de 9 a 20 por ciento, según modalidad tarifaria), que es uno de los insumos más importantes de la planta productiva nacional. Casi un año después procede en riguroso sentido contrario, lo que deja en claro que su pretensión es enterrar la competitividad y acabar con las pymes, en el entendido de que todo cabe en un jarrito, es decir, el mismo discurso es igual de útil para un Acuerdo Nacional que para justificar las consabidas medidas dolorosas, pero necesarias.

Y lo que faltaba: también citaron al siempre certero y carismático secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, para que explique el alza en productos básicos y gas LP.

Las rebanadas del pastel

¿Ésas son las explicaciones que buscan los de la Comisión Permanente?

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