casi tres meses de la extinción, por decreto presidencial, del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC), distintos puntos de la capital del país y de los estados de México, Puebla, Hidalgo y Morelos, han padecido la proliferación de apagones y fallas de diversa amplitud y duración en el suministro eléctrico. Ayer, la explosión de un transformador de la subestación Kilómetro Cero de LFC, en la delegación Cuauhtémoc, dejó sin electricidad a por lo menos nueve colonias en la zona centro de esta capital, lo que afectó a unos 400 mil usuarios y provocó fallas en el servicio del tren suburbano.
Lo anterior no hace sino confirmar las advertencias formuladas a lo largo de las pasadas 12 semanas por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y su entorno social de apoyo: el gobierno federal no cuenta con capacidad para suplir a los ex trabajadores de LFC en la totalidad de sus funciones, y las fallas del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –que se encuentra operando las instalaciones de LFC desde el 11 de octubre pasado– son un colofón lógico e inevitable al designio gubernamental de privar a la desaparecida entidad pública de los recursos necesarios para invertir en la modernización de sus instalaciones y equipos. Dicho designio, por cierto, no parece haberse revertido en los casi 90 días transcurridos desde el asalto policiaco de las instalaciones de LFC, y hoy la población no se encuentra menos expuesta que hace tres meses a las fallas del suministro eléctrico, pero sí es más vulnerable a las afectaciones derivadas de éstas, dada la falta de pericia y de conocimiento, por parte del personal de CFE, de la vasta y compleja red que abastece de luz a la zona centro del país.
Por otro lado, los alegatos gubernamentales en torno a la supuesta eficiencia de la paraestatal encabezada por Alfredo Elías Ayub colisionan con el elevado número de quejas de usuarios expresadas en contra de esa compañía a escala nacional: entre enero y noviembre de 2009, la empresa acumuló más de 6 mil casos en su contra ante la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir, unas 18 quejas diarias en promedio.
Al día de hoy, las repetidas y prolongadas interrupciones en el flujo de electricidad en la zona centro del país constituyen un lastre adicional para la reactivación económica a escala nacional –sobre todo si se considera el peso específico de esta área geográfica en términos económicos–, así como un factor de profundización del deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la capital y el área metropolitana.
En la circunstancia presente, es deseable y necesario que el gobierno federal reconsidere la viabilidad de una medida que no sólo acentúa el clima de polarización política y ha desatado un conflicto social que crece día con día en profundidad y encono, sino ha introducido elementos que agudizan los efectos de la crisis económica y extienden el desasosiego de la sociedad. Si el calderonismo no puede garantizar que la CFE revertirá al corto plazo los problemas de abasto eléctrico, lo prudente sería dejar sin efecto el decreto de extinción de LFC, o bien emprender un proceso de recontratación colectiva de los trabajadores del SME, que contemple el reconocimiento de la existencia de ese sindicato y de la vigencia del contrato colectivo con LFC. Hay, en suma, alternativas viables y decorosas para dar marcha atrás en este conflicto, y corresponde a las autoridades demostrar voluntad política para adoptarlas.
