El pasado 23 de diciembre, un día antes de su periodo de descanso por Navidad y Año Nuevo, el juez federal Augusto Mejía Ojeda dictó sentencia condenatoria contra los secuestradores de Hugo Alberto Wallace, pero debido a que las penas no rebasaron los 47 años de cárcel, Isabel Miranda de Wallace, madre de la víctima, convocó ayer a los medios de información para anunciar que interpondrá una denuncia penal contra el juzgador, porque le faltaron tamaños para impartir justicia y no descartamos actos irregulares en su proceder.

El juez décimo sexto de procesos penales federales del Reclusorio Norte condenó a César Freyre Morales a 47 años de cárcel; a Juana Hilda González Lomelí a 28 años, y a los hermanos Antonio y Alberto Castillo Cruz, a 30 años nueve meses a cada uno.

Mejía Ojeda sólo los encontró penalmente responsables de delincuencia organizada por privación ilegal de la libertad en la modalidad de plagio o secuestro, pero no los condenó por homicidio calificado, debido a que aún no se ha localizado –vivo o muerto– a Alberto Wallace.

Inconforme con el fallo judicial, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización civil Alto al Secuestro, pidió penas máximas para todos los involucrados en el secuestro de su hijo. También solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que indague si hubo alguna irregularidad penal en la actuación del juzgador, y adelantó que presentará queja administrativa contra el juez ante el Consejo de la Judicatura Federal para que sea destituido del cargo.

Por la noche, la PGR informó que se inconformó con la sentencia condenatoria que dictó el juez Mejía, por considerar insuficiente la penalidad impuesta.

Precisó que interpuso el recurso de apelación ante un tribunal unitario, además de que apeló de la decisión del juez de ordenar la devolución a los sentenciados de 23 mil 800 pesos depositados en una institución bancaria y a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, así como de un vehículo marca Ford.

En la mañana, Isabel Miranda sostuvo que para la familia Wallace, el juez Mejía Ojeda nos dio migajas de justicia, le faltaron tamaños para impartir justicia.

Según la activista, el Código Penal Federal daba la posibilidad al juez de sentenciar a Freyre Morales a 96 años de prisión, por varios delitos; a González Lomelí también 96 años, y a los hermanos Antonio y Alberto Castillo Cruz, 86 años.

Exigimos la pena máxima en sentencias para los delitos de secuestro, que no les tiemble la mano a los jueces, que tengan pantalones; si no, que no ocupen esos puestos. México no necesita cobardes, ineptos ni corruptos en esta lucha sin tregua contra la delincuencia organizada, dijo la mujer en referencia al fallo del juez Mejía Ojeda.

La pena máxima prevista por el Código Penal Federal para secuestro, con muerte del plagiado, es de 70 años de cárcel, pero el juez no está obligado a aplicar las penas máximas.