Delitos del orden común aumentaron 300% en ciudades medias y la franja fronteriza
Domingo 3 de enero de 2010, p. 21
Chihuahua, Chih., 2 de enero. El año que terminó fue el más violento en la historia del estado, con más de 3 mil 500 ejecuciones perpetradas por grupos armados identificados como La Línea, al servicio del cártel de Juárez, o Gente nueva, como se conoce a las células ligadas al cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
A pesar de los dos años que se aplica el Operativo Conjunto Chihuahua, que actualmente tiene una fuerza de 6 mil soldados y policías federales, además de mil agentes estatales, en la franja fronteriza y ciudades medias de la entidad hubo un aumento de más de 300 por ciento en la incidencia de delitos del orden común, como robos a casa habitación y vehículos, asaltos a mano armada en negocios, extorsiones telefónicas y secuestros, sin contar las ejecuciones citadas.
En cientos de pueblos y comunidades de la Sierra, en las zonas productoras de mariguana y amapola, hasta las regiones urbanas, estos grupos armados siembran el terror, extorsionan, secuestran e imponen sus reglas a la población en su lucha por controlar territorios y el mercado de enervantes. Pueblos y comunidades han llegado a alterar sus usos y costumbres.
“Hay pueblos de la sierra y de la Alta Bavicora –que incluye los municipios de Namiquipa, Bachíniva, Riva Palacio– donde los de La Línea llegan y ordenan apagar la luz a las 21 horas. Hasta las familias que tienen enfermos son sometidos a sus órdenes”, cuentan pobladores de la región.
Incluso se llegaron a modificar los festejos de santos patrones, la velación a la Virgen de Guadalupe y las posadas decembrinas, ante la sugerencia de los párrocos de las iglesias que pidieron a la grey actuar con prudencia ante la violencia que se vive
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A la incertidumbre y angustia que provocan las ejecuciones y balaceras cotidianas en Ciudad Juárez y Chihuahua, ahora se sumó la ola de extorsiones contra miles de familias y recientemente los concesionarios de transporte urbano, amenazados con ataques a los usuarios y quema de unidades si no cubren cuotas de protección que van de 5 mil a 10 mil pesos semanales.
En Juárez, el lunes pasado fueron quemadas cuatro unidades de transporte público, como muestra de que los grupos criminales tienen el control, y el martes por la mañana, en pleno centro, hombres armados prendieron fuego a otro vehículo –de los llamados ruteros– y atacaron con armas de fuego un camión de transporte urbano cuando era abordado por usuarios.
La procuraduría del estado y las direcciones de Seguridad Pública de los municipios de Juárez y Chihuahua se negaron a proporcionar cifras oficiales del incremento en la ola delictiva al cierre del año; sin embargo, datos de esas dependencias en el corte a julio de 2009 muestran la tendencia al alza: Para ese mes, las estadísticas oficiales del recuento de ejecuciones era de mil 920 homicidios relacionados con la acción de crimen organiza; 4 mil 300 denuncias de robo a casa habitación; 4 mil 500 robos a comercio; 14 mil 640 vehículos robados. Las cifras se duplican en cada rubro al cierre del año.
Terror en comunidades
Los municipios de Galeana, Ascensión, Janos, Buena Ventura, Nuevo Casas Grandes, Namiquipa, Bachíniva, Gómez Farías, ubicados sobre uno de los más importantes corredores en la ruta del trasiego de los cargamentos de mariguana y goma de opio que bajan de las zonas serranas, son constantemente atemorizados por los grupos criminales que se disputan el control territorial.
En toda esa zona no hay policías municipales. En Namiquipa, en mayo pasado fue asesinado el alcalde Héctor Mexueiro y desaparecidos el director de seguridad pública y el comandante de policía; por ello, todos los agentes dimitieron y sus funciones quedaron a cargo de la Central de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Casos similares hubo en Galeana y Buena Ventura, luego del asesinato de los líderes de la comunidad mormona Benjamín LeBarón y Luis Widman, en julio pasado. Toda esa zona se ha convertido en uno de los frentes de guerra entre los cárteles de Juárez y Sinaloa.
Sn embargo, las fuerzas del Operativo Conjunto siguen concentradas en la zona urbana de la franja fronteriza, especialmente en Ciudad Juárez, donde la violencia cobró la vida de más de 2 mil 500 personas en 2009.
En diciembre, se dejó a los pueblos sin la presencia de fuerzas militares. En los municipios y pueblos de la Sierra Tarahumara las actividades ilegales siguen siendo el motor económico de la región.
En Baborigame, uno de los pueblos grande de Guadalupe y Calvo, en los límites con Sinaloa, ha existido siempre un destacamento militar, con por lo menos 80 solados, pero en los últimos dos años el número de efectivos se redujo a una veintena.