El 82 por ciento de los internos en los reclusorios de la ciudad de México y el estado de México no pudieron hablar con el juez durante su proceso legal y en 71 por ciento de los casos el juzgador no estuvo presente durante la declaración preparatoria del acusado, revela la tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y la entidad mexiquense, realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Estas cifras, señala el documento, sugieren que el juez prácticamente está ausente en el proceso y su función parece limitarse a dictar sentencia, pese a que su deber es garantizar un juicio justo. Incluso, sólo 8 por ciento de los reos ve al enjuiciador como la persona que lleva el control de las audiencias.

El juez es una figura desdibujada, ausente e inaccesible durante el proceso penal, agrega el estudio realizado en 2009, al grado que la mayoría de los presos consideraron que el secretario de acuerdos es quien maneja el proceso (42 por ciento), seguidos del Ministerio Público (25 por ciento) y hasta la secretaria mecanógrafa (21 por ciento).

Asimismo, el documento indica que uno de los aspectos más débiles del debido proceso de la justicia penal, tiene que ver con el derecho de todo acusado a contar con una defensa adecuada, ya que la calidad del servicio que ofrecen los defensores de oficio aún es muy baja. De hecho, 60 por ciento de los reos con sentencia condenatoria tuvieron como primer abogado uno público, el cual cambiaron principalmente porque consideraron que no hizo nada para defenderlos.

Según los encuestados, 76 por ciento fue defendido por abogados de oficio, de los cuales sólo 27 por ciento presentaron pruebas en favor de su cliente, mientras que 24 por ciento de los sentenciados contrataron litigantes privados, quienes en 67 por ciento de los casos sí presentaron elementos de descargo.

En general, los entrevistados calificaron como mala la calidad del servicio que ofrecen tanto la defensa pública como privada, aunque la de oficio resultó peor evaluada, pues sólo 7 por ciento de los sentenciados consideraron que su defensor se esforzó por ayudarlos, mientras que en el caso de los litigantes privados el porcentaje fue de 26 por ciento.

En conclusión, el estudio señala que los defensores de oficio son más pasivos en el proceso que los privados y los acusados se sienten mucho menos defendidos, por un abogado público que por uno privado.

Otro de los aspectos en todo proceso judicial es el de dar un trato digno a los detenidos, no maltratarlos ni física ni sicológicamente. En este sentido, 70 por ciento de los encuestados dijo haber sido golpeado o lastimado por elementos de las policías judicial o preventiva o el MP; mientras que 87 por ciento afirmó haber sido humillado por alguna de esas autoridades, e incluso el juez.

Asimismo, la encuesta indica que al momento de ser detenidos, a 72 por ciento de los entrevistados no se les informó que tenían derecho a no declarar, en tanto que 68 por ciento aseguró que no se les notificó que podían realizar una llamada telefónica.