Mérida, Yuc., 1º de enero. El indígena maya Ricardo Ucán Seca, preso durante nueve años por homicidio y cuyo caso se ventiló en foros internacionales de justicia, quedó en libertad el 31 de diciembre mediante un arreglo administrativo que le concedió el gobierno de Yucatán.

La consejería jurídica del Poder Ejecutivo del estado, representada por Sergio Cuevas González, informó que la liberación se otorgó luego de que el Estado mexicano, representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno estatal y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, llegaron a un acuerdo de solución amistosa con el inculpado.

El acuerdo exigía dos condiciones esenciales para la liberación: que Ucán Seca hubiera manifestado buena conducta en el penal y participado en actividades laborales y educativas, así como reparar el daño a la familia de la víctima.

Este procedimiento es consecuencia de la audiencia celebrada el 5 de noviembre de 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, en la que las partes recibieron la sugerencia de solucionar el conflicto con un acuerdo amistoso, reportó la consejería jurídica estatal.

Ucán Seca fue encarcelado en 2000 acusado de asesinar de un tiro a Bernardino Chan Ek, cuando éste quiso despojar de sus tierras al primero en la comunidad rural de Akil, a 180 kilómetros al sur de Mérida. En menos de un mes recibió una sentencia de 22 años de prisión a cumplir en el penal de Tekax, en la ciudad yucateca del mismo nombre.

Sin embargo, el Equipo Indignación y la Red de Todos los Derechos para Todos tomaron el asunto y argumentaron que Ucán no tuvo una defensa justa, careció, en todo momento, de traductor ya que él sólo habla maya y denunciaron discriminación por su condición de indígena.

El expediente de Ucán Seca fue llevado ante Amnistía Internacional (ONG con sede en Londres) y organismos de derechos humanos de Alemania y Estados Unidos; en 2007, el entonces relator para Pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhaguen, demandó a los tres poderes de Yucatán el indulto, aunque fue ignorado. En 2008, la CIDH admitió el caso y el 5 de noviembre de 2009 se ventiló públicamente en la sede de ese organismo en la capital estadunidense.