En 2009, por tercer año consecutivo, el gobierno federal mantuvo vigentes los llamados operativos conjuntos contra el crimen organizado en 15 estados, a pesar de lo cual aumentó 20 por ciento el número de personas ejecutadas, en relación con 2008.

En materia de secuestros, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal reportó haber intervenido en 101 casos, de enero a julio de 2009; en 75 de ellos, pese a la investigación oficial, los familiares de las víctimas tuvieron que pagar rescate.

En el año que terminó, las acciones contra el crimen organizado pusieron al descubierto que los brazos armados de los cárteles han adquirido –además de fusiles de asalto AK-47 y AR-15– lanzagranadas, granadas de todo tipo y fusiles Barret, que son utilizados para defensa antiaérea en países en guerra.

Los estados en que se realizan dichos operativos son Aguascalientes, Quintana Roo, Chiapas, Campeche, Tabasco, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Baja California y Veracruz.

Cifras oficiales –obtenidas de fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional– refieren que suman 17 mil 42 las ejecuciones cometidas del último mes de 2006 al 29 de diciembre de 2009.

Siete mil 42 fueron perpetradas en 2009; 5 mil 903 en 2008; 3 mil 537 en 2007 y 560 en diciembre de 2006.

De acuerdo con datos obtenidos de funcionarios del gabinete de seguridad nacional, en un año se duplicó el número de mujeres ejecutadas por el crimen organizado, al pasar de 195 en 2008 a 425 en 2009. Lo que disminuyó fue la cantidad de policías asesinados en el mismo periodo, ya que pasó de 535 a 470.

En cuanto a militares, el número de bajas disminuyó comparativamente entre 2008 y 2009, al pasar de 52 a 35.

Hechos relevantes

El 23 de enero fue detenido en Baja California Santiago Meza López, El Pozolero o El Chago, señalado por las autoridades federales como responsable de haber deshecho en ácido a 300 personas, por órdenes del grupo de Teodoro García Simental, líder del cártel de Sinaloa en esa entidad.

En febrero, grupos de jóvenes y mujeres se manifestaron contra la presencia del Ejército en Nuevo León, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa. Las autoridades federales señalaron que se trataba de grupos pagados por los cárteles que operan en esas entidades, en busca de que disminuyera la presencia de soldados, ante las detenciones realizadas.

Efectivos del Ejército detuvieron en marzo a importantes operadores de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas: en la colonia Pedregal, en la ciudad de México, a Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo (hijo de Ismael El Mayo Zambada), y cinco integrantes más del cártel de Sinaloa. En Monterrey, Nuevo León, a Héctor Huerta Ríos, La Burra, y en Saltillo, Coahuila, a Sigfrido Nájera Talamantes, El Canicón, presunto homicida de nueve militares.

En abril, agentes federales capturaron a Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo Fuentes y uno de los presuntos jefes del cártel de Juárez. Fue detenido en la ciudad de México mientras hacía deporte en una zona arbolada de las Lomas de Chapultepec.

En mayo, autoridades federales llevaron a cabo un operativo sin precedente, en el que detuvieron inicialmente a 10 alcaldes de Michoacán y 18 servidores públicos de alto nivel del gobierno de esa entidad, acusados de colaborar con el crimen organizado, específicamente con los cárteles de La Familia y Los Zetas.

Ese mismo mes fue asesinado por la banda de Los Petriciolet el joven Fernando Equihua. Asimismo, se fugaron del penal de Cineguillas, Zacatecas, 53 internos vinculados con Los Zetas. El gobierno indaga la colaboración de custodios y autoridades del penal.

En septiembre fue liberada luego de tres años de encarcelamiento la indígena Jacinta Francisco Marcial, acusada de haber participado en el secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (ya desaparecida). La mujer se convirtió en presa de conciencia para organismos defensores de los derechos humanos y la PGR decidió retirar sus conclusiones acusatorias.

Ese mes, el pastor José Mar Flores Pereyra movilizó todo el aparato de seguridad nacional disponible para contrarrestar amenazas terroristas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las autoridades federales se pusieron en alerta a partir de la información de que supuestos delincuentes harían estallar una bomba en el vuelo 576 de Aeroméxico, procedente de Cancún, Quintana Roo, si no eran cumplidas sus demandas de realizar siete sobrevuelos a la terminal aérea y tener una entrevista con el presidente Felipe Calderón para advertirle que México sufrirá un gran terremoto. Al final se supo que el artefacto explosivo consistía en dos latas de jugo vacías, arena y leds (focos pequeños).

El 10 de octubre, miles de policías federales fueron desplegados en el estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos y el Distrito Federal, y antes de las 23 horas se apoderaron de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. A la fecha siguen vigilando esos lugares.

El 20 de noviembre apareció colgado en su habitación el testigo protegido Jesús Zambada Reyes, hijo de El Rey Zambada. La PGR informó que fue suicidio.

Once días después, en un café de la colonia Del Valle, fue ejecutado Édgar Enrique Bayardo, también testigo protegido de la dependencia.

Ambos eran testigos en procesos penales contra miembros de los cárteles de Sinaloa y funcionarios involucrados en la protección del cártel Beltrán Leyva.