Cuando en enero muchos mexicanos pudieron pensar o esperar que en 2009 no ocurriría nada peor que la continuación de la crisis económica desatada en el segundo semestre del año anterior, descrita entonces con el alentador pronóstico de un simple catarrito, resultó que no.

Fueron éstos 12 meses de pesadilla: la epidemia de la influenza A/H1N1, el incendio en la guardería del Seguro Social en Hermosillo, donde murieron 49 niños; la caída a menos 7 por ciento en el crecimiento económico, la desenfrenada violencia en todo el territorio nacional, así como las inundaciones en estados del noroeste y del sureste son apenas algunos de los acontecimientos inolvidables de este periodo anual.

Pero esos hechos no fueron todos ni los peores. El gobierno federal, que el 7 de enero había anunciado un Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo, en octubre –a la medianoche del día 10– ordenó a la Policía Federal tomar por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y publicó un decreto firmado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa en el cual se decidía la extinción del organismo y se mandaba a la calle a más de 44 mil trabajadores activos.

El 5 de julio hubo elecciones federales y también locales en algunas entidades. El oficialista Partido Acción Nacional (PAN) sufrió una sonora derrota en las urnas, y la Cámara de Diputados quedó bajo el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo mismo que cinco de las seis gubernaturas en disputa ese día.

Mientras, cada mes miles de mexicanos siguieron sumándose a las filas del desempleo y el gobierno anunció oficialmente el fin de la era del petróleo como sostén de las finanzas públicas. El estira y afloja entre los poderes Ejecutivo y Legislativo produjo, el 21 de octubre, un acuerdo en la Ley de Ingresos por el cual a partir del primero de enero de 2010 el impuesto al valor agregado (IVA) pasará de 15 a 16 por ciento y el impuesto sobre la renta (ISR) será de 30 por ciento, además de un cobro adicional de 3 por ciento a las telecomunicaciones, entre otros.

Durante este año los cambios, ajustes y renuncias en el gabinete del Presidente fueron constantes, y los más recientes se anunciaron a principios de este mes.

Los movimientos se iniciaron el 3 de marzo con la remoción del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, luego de varias semanas de polémica por la difusión de una charla telefónica en la cual afirmó que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la partida secreta. Lo sustituyó Juan Molinar Horcasitas, a la sazón director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A este organismo fue enviado Daniel Karam, quien dirigía el Seguro Popular. Ese mismo día también, Consuelo Sáizar relevó a Sergio Vela en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Un mes después, el 4 de abril, Josefina Vázquez Mota dejó la Secretaría de Educación Pública para buscar una diputación federal. Al día siguiente se nombró en ese cargo a Alonso Lujambio, ex consejero presidente del IFAI. El día 8, y en medio del escándalo por intento de soborno a un diario yucateco en el marco de las campañas electorales, dimitió el director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez, y el 9 de junio fue designado en esa posición Benjamín González Roaro.

El 7 de septiembre salieron del primer círculo del gobierno federal Alberto Cárdenas, de la Sagarpa (quien regresó a su escaño senatorial); Eduardo Medina Mora, de la Procuraduría General de la República (hoy embajador en el Reino Unido), y Jesús Reyes Heroles. Los sustituyeron, respectivamente, Francisco Mayorga, Arturo Chávez (impugnado por organizaciones civiles por su desempeño en Chihuahua) y Juan José Suárez Coppel.

Apenas el 9 de diciembre, al proponer al Congreso la designación de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, Calderón propuso para remplazarlo en la Secretaría de Hacienda a Ernesto Cordero, hasta ese día titular de la Sedeso; a ésta llegó el sinaloense Heriberto Félix.

En rigor el año comenzó sólo con escándalos declarativos y policiacos como las expresiones del presidente Felipe Calderón el 14 de enero durante el Encuentro Mundial de las Familias abogando por los valores de la familia tradicional, y la detención en Chiapas del ex fiscal antidrogas Mariano Herrán Salvatti, el 25 de ese mes.

Sin embargo, y mientras el 14 de febrero la capital del país impuso un nuevo récord Guinness con 40 mil parejas besándose al mismo tiempo en el Zócalo, menos de tres meses después –el 24 de abril– el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, dispuso que las personas no sólo dejaran de unir los labios, sino literalmente pidió que no se tocaran.

La noche del día 23 se ordenó el cierre de escuelas, primero las del valle de México y más tarde las de todo el país, y se cancelaron los actos masivos; los días posteriores se instruyó el cierre de restaurantes y comercios.

El 25, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la alerta mundial por el nuevo virus de la influenza A/H1N1. Para el día 28 ya se reportaban 159 defunciones por ese mal. Terminó abril sin celebraciones del Día del Niño y empezó mayo sin desfile obrero y sin festejos de la Santa Cruz. Los partidos de futbol se realizaron a puerta cerrada y todo eso, con distintas gradualidades, se prolongó tres semanas. Las consecuencias económicas fueron gravísimas.

Un mes después, el 5 de junio, en Hermosillo, Sonora, una bodega habilitada como guardería subrogada del IMSS se incendió. Murieron 31 niños y días más tarde, producto de las heridas, otros 18. De inmediato se ubicó entre los concesionarios de la estancia infantil a funcionarios del gobierno local y a parientes de la esposa del presidente Calderón, Margarita Zavala.

Hasta el momento permanecen en la cárcel sólo empleados menores del sistema de guarderías, y en libertad, los dueños de la que sufrió el siniestro.

En las llamadas elecciones intermedias del 5 de julio se registró una participación ciudadana de 43.7 por ciento, el PRI recuperó la mayoría absoluta de la cámara baja y, salvo Sonora, las gubernaturas de San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, Campeche y Querétaro.

Los números de la economía –macro y micro– tuvieron una caída sostenida a lo largo del año. Por ello, cuando el 8 de septiembre Calderón Hinojosa envió a la Cámara de Diputados una propuesta de Ley de Ingresos que incluía, entre otros, un impuesto generalizado de 2 por ciento al consumo, las reacciones de rechazo no se hicieron esperar.

Finalmente, tras numerosas negociaciones, la alianza PRI-PAN aprobó en San Lázaro, el 21 de octubre, la ley y la miscelánea fiscales. El IVA aumentará a partir de enero a 16 por ciento, el impuesto sobre la renta (ISR) pasará a 30 por ciento, habrá un gravamen de 3 por ciento a las telecomunicaciones y también a los depósitos en efectivo mayores de 15 mil pesos.

Con algunos ajustes, el 30 de ese mismo mes, el Senado votó en favor de la minuta enviada por los diputados, y en la madrugada del 17 de noviembre, en la cámara baja se aprobó el presupuesto de egresos para 2010.