a son más de 16 mil bajas. El sexenio termina su tercer año empapado en sangre por la hipertrofia militar de la guerra al narcotráfico y el crimen organizado y aplicando, en medio de la matanza y la peor crisis económica de los últimos 80 años, el recetario pro cíclico/extractivista del FMI-Banco Mundial-BID: lo último que se hace en estas circunstancias, según un premio Nobel. De ahí el creciente mar de pobreza, desempleados y su ocupados; la ruina del mercado interno y el aparato productivo (¡ya ni la informalidad económica crece!): se ataca con igual saña a la sociedad civil y a la demanda agregada, cortejando más desastres. El país se desestabiliza a ritmo preocupante.

Sin noción de la razón de Estado ni presencia de la gesta de Independencia; del despojo formalizado en 1848; de la centralidad del 27 constitucional; de la nacionalización petrolera y eléctrica; sin piso electoral, Calderón abrazó la Iniciativa Mérida, hija del Plan Colombia.

Por el diseño imperial de guerra al narcotráfico que se centra en la fuerza militar, en la oferta de drogas y desatiende aspectos cruciales de corte fiscal, socioeconómico y de salud y transforma el territorio nacional (y no el de Estados Unidos), en campo de batalla, Calderón abandonó la soberanía nacional afectando la esencia y función del Estado-nación mexicano: esa guerra y su estado de excepción, donde la violación a los derechos humanos y específicamente a las convenciones de Ginebra, con sus ejecuciones extrajudiciales, matanzas y los ataques indiscriminados a la población civil son la norma, es la cubierta bajo la que opera un diseño contrainsurgente, imperial-empresarial de ocupación territorial-jurisdiccional.

Su primera manifestación fue en Colombia (1999), traduciéndose hoy en la entrega de bases y del espacio aéreo, marítimo y terrestre al Pentágono y en la apoplejía constitucional de esa nación: Uribe, al mando del Poder Ejecutivo, en los hechos capitula desnacionalizando el monopolio de la violencia física legítima sobre territorio colombiano, a decir de Max Weber (et. al.), elemento esencial del Estado.

En México, Carlos Pascual, el embajador estadunidense y especialista en estados fallidos, dijo que a partir de 2010 operará una instancia binacional, una suerte de estado mayor de la mencionada guerra para la que Estados Unidos cuenta con mil 400 agentes en territorio nacional. Es la guerra que Calderón adoptó como suya y no es otra cosa que un equivalente, al lado sur de la frontera imperial, del diseño elaborado por el país vecino para el control y usufructo en Colombia, Irak y Afganistán/Pakistán de los recursos naturales bajo jurisdicción ajena a la suya.

La binacionalización del uso de la violencia legítima sobre territorio mexicano se realiza en paralelo a la desnacionalización y extranjerización del estratégico sector petroeléctrico del país en cuya operación diaria se involucra a enormes complejos económico-territoriales que se despliegan por todo el espacio nacional: culmina así el tercer año de un gobierno de cuestionada legitimidad de origen sin que la embajada de Estados Unidos y Los Pinos den a conocer la puesta en marcha de otra instancia binacional en territorio estadunidense para que nuestros oficiales y especialistas les ayuden en esa guerra.

Después de todo, como se reconoce en investigaciones realizadas por el Colegio de Guerra de esa nación, allá está la gran masa de consumidores; ahí se realiza el negocio en grande gracias a su sistema bancario, empresas y nexos oficiales que dan sustento operativo al narcotráfico. Es ahí donde están las fábricas y miles de distribuidoras, a lo largo de la frontera, de las armas de todo calibre que, como río de plomo, transitan a México sin mayor dificultad (como el Colorado sobre el Gran Cañón): son armas imprescindibles para la masacre de mexicanos y mexicanas que abarrotan las morgues del país. ¿O es que sólo Estados Unidos reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima en su territorio?

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