Brasilia, 30 de diciembre. El proyecto del gobierno brasileño de crear una comisión de la verdad que investigue los crímenes de la dictadura (1964-1985) desencadenó una fuerte reacción del comando militar y el ministro de Defensa, que amenazaron con una dimisión generalizada, pero el presidente Luiz Inacio Lula da Silva prometió solucionar políticamente el diferendo.

La disputa se originó en vísperas de Navidad con el lanzamiento del Programa Nacional de Derechos Humanos del gobierno, que prevé crear una comisión de la verdad para investigar los delitos de la dictadura, explicó el presidente del Frente de Defensa del Parlamento, diputado Raul Jungmann, luego de que el tema despuntó este miércoles en la prensa nacional tras días de rumores.

Contrariamente a otros países de la región, en Brasil sigue en vigor una ley de amnistía dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, general Joao Figueiredo, que garantiza que no haya procesos contra los represores. Los militares se han resistido a toda iniciativa que amenace revisar la amnistía en Brasil, país que reconoce 400 víctimas entre fallecidos y desaparecidos.

Existía un acuerdo (con el gobierno) de que cualquier modificación que afecte la amnistía obligaría a investigar los delitos de los dos lados (represores y resistencia), pero el programa del gobierno mencionó sólo a los militares, justificó Jungmann, por lo que en las filas castrenses la reacción fue de indignación y tildaron el proyecto de revanchista.

El diputado confirmó que, roto el acuerdo, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, secundado por los jefes de las tres fuerzas, puso su cargo a disposición el 22 de diciembre último, un día después de la presentación del proyecto, y sólo retrocedió ante el compromiso del presidente Lula de revisar los puntos delicados del Programa de Derechos Humanos.

Desde el punto de vista militar, la crisis está solucionada, pero dejará secuelas porque se quebró la confianza de los militares, dijo Jungmann, pues el presidente logró calmar los ánimos.

Según O Estado de Sao Paulo, al negarse Lula a aceptar las renuncias pidió a su ministro de Defensa que asegure a los militares que no será portavoz de medidas que revoquen la amnistía.

La resistencia ahora es del ministro de Derechos Humanos, Paulo Vanucci, y otros sectores al rechazar las presiones del comando militar. Pero el ministro de Justicia, Tarso Genro, declaró que no existe controversia insanable entre el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos. (Lula) lo va a resolver con su capacidad de mediación cuando vuelva de vacaciones.

Si quieren poner a coroneles y generales en el banco de los acusados, también vamos a poner a Dilma (Rousseff, ministra jefe de Gobierno y candidata de Lula a sucederlo en 2010), y al ministro encargado de prensa de la Presidencia, Franklin Martins, quienes integraron grupos armados que enfrentaron a la dictadura, declaró un general que pidió el anonimato.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, afirmó en noviembre pasado que Brasil no debe dejar impunes a los torturadores de la dictadura militar y sugirió al menos comenzar con una comisión de la verdad como la convocada por Nelson Mandela en Sudáfrica al final del apartheid, en la que los torturadores eran llamados a reconocer sus culpas ante las víctimas.