os insistentes llamados a defender el medio ambiente formulados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en el contexto de la 15 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Copenhage, Dinamarca, guardan poca o ninguna relación con la circunstancia que en esa materia se vive en el país.
A la contaminación de aire, agua y cielo, y la sobrexplotación de recursos naturales practicada en distintos puntos del territorio nacional, se suman la indefensión y la persecución que enfrentan los defensores del medio ambiente. Tan sólo en el año que hoy concluye fueron asesinados cinco luchadores ambientalistas –otros han sido objeto de atentados–; a ello debe añadirse el constante hostigamiento que enfrentan estos activistas, como ha quedado de manifiesto con el acoso judicial en contra de un grupo de habitantes del poblado de La Gloria, en el municipio de Perote, Veracruz, que denunciaron la contaminación generada por los criaderos de cerdos de la trasnacional Granjas Carroll.
La criminalización de estas expresiones de protesta social y la represión aplicada a quienes reivindican el derecho a un medio ambiente sano y a que sus comunidades no sean despojadas de sus recursos son consecuencias de la aplicación de la actual política oficial en materia ambiental, la cual subordina la protección de los ecosistemas a los intereses comerciales e industriales privados, tanto nacionales como foráneos.
Desde hace más de dos décadas, las sucesivas administraciones del ciclo neoliberal han adoptado el abaratamiento de la mano de obra y la aplicación de legislaciones laxas en materia ambiental como dos de las ventajas comparativas
del país para competir en el mercado internacional. En el sexenio pasado, una porción de las inversiones foráneas, particularmente la integrada por la industria maquiladora, emigró a países como China e India –en los que el costo de la mano de obra es aún menor que en México–, con la expectativa de obtener más amplios márgenes de ganancia. Según puede verse, ello ha derivado en que el gobierno federal opte, como medidas para atraer y retener capitales extranjeros, por otorgar a los grandes consorcios internacionales un amplio margen de maniobra para la devastación ambiental, por claudicar en la defensa del medio, y por alinearse, en suma, con los intereses privados en perjuicio del equilibrio ecológico y de la vida de comunidades enteras, en su mayoría integradas por campesinos pobres e indígenas.
Al día de hoy, para que el compromiso discursivo de las autoridades en materia ambiental cobre verosimilitud y congruencia, éstas deben darse a la tarea de corregir los efectos de una ideología que privilegia la ganancia monetaria por sobre toda otra consideración –incluidas la viabilidad y la supervivencia de la especie–; de frenar el avance de proyectos que conllevan severas afectaciones para los ecosistemas en que se desarrollan –megacontrucciones carreteras, presas hidroeléctricas, crecimiento irracional de asentamientos urbanos y devastación deliberada de los entornos agrícolas, entre otros–, y de suspender el hostigamiento criminal que se ejerce en contra de los activistas ambientales.
