Sólo por el derecho de participar en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), el gobierno de México debe pagar 100 mil dólares a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Con lo anterior, resulta que si alrededor de 60 naciones participan en dicha evaluación, el tercer mundo estará financiando un examen que en realidad se hace para alumnos de primer mundo, advirtió Ángel Díaz Barriga, especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Autónoma de México (UNAM), quien enfatizó que para lo único que han servido esas pruebas es para que las editoriales privadas generen un mercado millonario en torno a dicho examen.

Sin embargo –dijo–, esa cantidad, que apenas es un mínimo de lo que el gobierno federal gasta en su estrategia de realizar una serie de exámenes –la sola aplicación de Enlace cuesta cerca de 200 millones de pesos–, además de inútil, es un absurdo.

Es tan ilógico como si a alguien que va a realizarse un análisis de química sanguínea le dicen que tiene el azúcar elevada, y se va al laboratorio de enfrente y vuelve a pagar por un nuevo estudio para oír lo que ya le dijeron, sostuvo.

En entrevista, indicó que en México ya se sabe que los estudiantes presentan un déficit en matemáticas y español. Lo paradójico es que en lugar de que el Estado realice acciones para remediar la problemática, sigue gastando para saber lo que ya conoce.

Llama la atención –continuó– que al exigir la racionalización del gasto público, la Cámara de Diputados no plantee la racionalización en la evaluación, sobre todo cuando, por ejemplo, la investigación educativa ha mostrado que los reactivos de PISA tienen tendencias culturales, por lo que aplicar preguntas elaboradas por ciertos países favorece precisamente a dichos países.

Recordó que la prueba PISA 2006 fue diseñada en Estados Unidos, Noruega, Japón y Australia. De acuerdo con la OCDE, el primer ciclo de evaluaciones se aplicó en 2000 y 2002, en un total de 43 países, y el ciclo más reciente –el de 2006– incluyó 57.

Por ello, advirtió el experto de la UNAM, me parece totalmente crítico que el tercer mundo subsidie el funcionamiento del consorcio de PISA en Ginebra, o de una oficina de la OCDE creada para el primer mundo.

Lo anterior –dijo–, a pesar de que se ha demostrado que la fiebre gubernamental por éste y otros exámenes es una apuesta inútil, ya que, para empezar, existen otras referencias de lo que sucede con el aprendizaje en la escuela.

No obstante, en la actualidad, un niño de sexto de primaria en México tiene que presentar por lo menos cinco pruebas nacionales, entre ellas la de Enlace y la de IDANIS, sin contar si ese año le toca el examen SERCE –sobre matemáticas– que aplica en América Latina la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre otras.

En torno a estas evaluaciones se ha creado una burocracia en cuanto al pago de oficinas, luz, salarios, contrataciones de aplicadores, además de que en cada entidad se generó una dirección o coordinación que se encarga de supervisr las pruebas estatales, añadió.

Todo ello ha servido para que las editoriales privadas creen un mercado y el Estado también tenga uno nuevo. En torno a ello existe ya una colección de libros en México para entrenar a los niños a resolver pruebas, mientras en todos los países de América Latina se ha elaborado un texto específico con el mismo objetivo, finalizó.