Desde la captura de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo –en enero de 2008–, hermano de Arturo, El jefe de jefes, quedaron al descubierto los presuntos vínculos de al menos 20 militares a sueldo de ese cártel de la droga integrado por el clan Beltrán Leyva.

Sin embargo, después de casi dos años del arresto de El Mochomo, ninguno de los soldados detenidos entonces por presuntos vínculos con esa organización criminal ha recibido sentencia de primera instancia, fundamentalmente porque los fiscales del caso han pedido más tiempo del que comúnmente ocupan en otros casos, antes de presentar sus conclusiones –acusatorias o absolutorias–, según revelaron fuentes judiciales cercanas a los procesos.

Agregaron que los propios agentes del Ministerio Público Federal (MPF) que litigan los procesos contra los militares han sido condescendientes con la mayoría de las peticiones de sus abogados, como si de alguna manera buscaran favorecerlos.

Por ejemplo –señalaron–, la mayoría de las pruebas presentadas en su descargo no han sido impugnadas por los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR), al contrario de lo que regularmente ocurre en los juicios abiertos por casos de delincuencia organizada.

Tampoco han sido cuestionados los peritajes hechos por la defensa, con los que buscan acreditar que el desempeño de sus clientes en el Ejército fue hecho con probidad y apego al reglamento militar.

Parece que los agentes del MPF son parte de los abogados defensores en tratándose de acusaciones contra los militares presuntamente vinculados al narcotráfico; hay una deferencia especial de la PGR en estos procesos, reveló un juez federal del estado de Jalisco que pidió el anonimato por temor a represalias.

Los presuntos vínculos con el narco de esta veintena de militares detenidos y sujetos a proceso por delincuencia organizada fueron detectados luego de cateos realizados a la casa de seguridad donde fue detenido El Mochomo, el 21 de enero de 2008 en Sinaloa.

Había, por ejemplo, un oficio de dos páginas de la fiscalía antidrogas de la PGR y un legajo de 148 fojas de diligencias que realizaba la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), documentos que tenían el sello de la procuraduría de Sinaloa.

Pero el hallazgo más revelador en el cateo realizado a la casa de Juan de la Barrera 1970, en la Colonia Burócratas de Culiacán, fue un cuaderno profesional que en su portada dice: WOW. Era la nómina del cártel de los hermanos Beltrán Leyva desde 2002 a la fecha.

La libreta, con diversas listas de personas a quienes hacían pagos, menciona a los Primos, nombre que daban a una red de militares que presuntamente brindaban información de operativos. Se enlista, por ejemplo, al mayor de Justicia Militar Francisco de Jesús Pérez Chávez, con un pago de 150 mil pesos.

A Humberto Ramiro López Cornejo y Humberto Solís Galicia Barragán, un depósito de 70 mil a cada uno; en tanto que para Alberto Cortina Herrera se habla de una suma de 75 mil, y para Pedro Sergio Jonguitud Barragán, 100 mil.

Otra hoja señala pagos a un subteniente Calleja Bendaño, y especifica un número de cuenta bancaria para depositarle 100 mil. En la lista aparecen otros militares con rangos de sargento y cabo.

Esa lista también menciona a los capitanes Bernal Román Parra y uno de apellido Pacheco, así como al subteniente Izat Rodríguez Meza y Édgar Villatoros de los Santos, éste señalado como teniente segundo.

Asimismo figuran los nombres de Gabriel Álvarez Guevara, Gregorio Pérez Manjarrez, Francisco Javier Mejía Rodríguez, Efrén Lugo, Óscar Pardo Jiménez, Juan Carlos Facundo López, Cristóbal Santiago Luna, Cesáreo Martínez Cruz y Óscar Ramos, cuyo apelativo tiene una anotación que dice: El Rojo por Tapia”.

En este contexto, cabe recordar el comunicado emitido el pasado lunes por la PGR, en el que deslindó a mandos militares de brindar protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva en el estado de Morelos.

La semana pasada, diversos medios de comunicación escritos publicaron que los fallecidos hermanos Mario y Alberto Pineda Villa mantenían contacto con soldados del grupo de inteligencia denominado GISES, destacamentados en Morelos, de acuerdo con declaraciones ministeriales de uno de los agentes policiacos detenidos, apodado El Negro.