Buenos Aires, 29 de diciembre. Un importante documento para lograr un acuerdo de seguridad democrática que incluye una política distinta de la que proponen los ideólogos de la mano dura para enfrentar la inseguridad, fue presentado hoy al Congreso por legisladores nacionales, oficialistas y opositores, organismos de derechos humanos, académicos y dirigentes sindicales y sociales.

El escritor y periodista Horacio Verbistky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, al analizar el documento recordó que el problema de la seguridad se ha agravado con políticas fallidas e ineficaces, y advirtió sobre las graves fallas de la democracia para abordar debidamente esta situación, que llevó al resurgimiento de propuestas violentas y fascistas.

Los únicos ausentes durante el anuncio del acuerdo fueron los diputados de la derechista Propuesta Republicana, que lidera el alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri.

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo fue la presencia de representantes de los principales bloques políticos, además del oficialismo, en apoyo al documento aprobado además por las dos centrales sindicales, la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores Argentinos.

Firmaron el importante acuerdo, además del oficialismo, diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, de Encuentro Democrático, del socialismo, del Movimiento Libres del Sur , proyecto Sur y un amplio arco opositor.

Además cuentan con la adhesión de Abuelas y Madres Fundadoras de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, e importantes especialistas en el tema de seguridad y una larga lista de organismos.

Las políticas de seguridad y el control policial deben estar en manos de civiles, impulsando la descentralización, creando policías comunales y fomentando la existencia de una policía judicial para trabajar en la instrucción de las causas, a la vez que rechaza fuertemente el discurso de mano dura que ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos, señala el documento.