n forma casi inmediata, los aumentos recientemente decretados por el gobierno federal en los precios de los combustibles han comenzado a tener impactos negativos en la economía de la población. Desde el fin de semana pasado, en distintos puntos de la capital del país y el área metropolitana, el precio de la tortilla llegó hasta 9.50 pesos por kilo, alza considerable si se toma en cuenta que, a lo largo del año que concluye, el costo de ese alimento fue de entre 8.50 y 8.65 pesos por kilo. A decir del dirigente de la la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, Lorenzo Mejía, la elevación es consecuencia del aumento de los energéticos (que) impacta directamente el costo del flete del maíz.

La situación es preocupante porque afecta, en lo inmediato, un elemento central de la dieta de los mexicanos, sobre todo de los más pobres, y porque pudiera prefigurar el inicio de una espiral de aumentos en los precios de otros productos básicos. Dicha circunstancia apretaría aún más la angustiosa situación material en que se encuentran amplios sectores de la población a consecuencia de la aplicación del modelo económico aún vigente –que se ha traducido en caída en el poder adquisitivo, incremento de los sectores informales, desempleo, precarización de condiciones laborales, sanitarias y educativas, y deterioro generalizado de los niveles de vida– y de los efectos de una crisis económica mundial que, contrariamente a lo que sostiene el discurso oficial, aún no acaban de disiparse.

No puede pasarse por alto que en los incrementos de productos alimenticios suelen convergir distintos factores, y que entre los que afectan al precio de la tortilla pueden contarse, como han señalado distintos especialistas, la especulación, la reducción de los inventarios de maíz en Estados Unidos por efecto de las heladas y el aumento en las cotizaciones de los biocombustibles desarrollados a partir de ese grano. Pero tampoco se puede dejar de atribuir una cuota de responsabilidad al gobierno federal por estas alzas, toda vez que éste se ha erigido, en lo que va del presente sexenio, en impulsor de medidas que encierran componentes inflacionarios, como los incrementos regulares en los combustibles que se registraron durante 2008 –más de una treintena– y que, según ha podido verse en las últimas dos semanas, volverán a presentarse de manera recurrente en el año que está por iniciar.

Por lo demás, al abandonar de manera prematura una de las políticas supuestamente adoptadas para la protección de la economía familiar –como es la decisión de congelar los precios de las gasolinas durante todo el año, anunciada en enero pasado–, la actual administración vuelve a mostrarse propensa a gobernar desde una dimensión meramente formal, oficialista y ficticia. En la hora presente, tal propensión ha llevado al grupo en el poder a actuar como si la crisis económica hubiese sido plenamente superada, cuando la realidad indica que no es así, y encierra el riesgo de condenar a los sectores más depauperados de la población a una desatención y un abandono mayores a los que han padecido en los últimos meses.

Es necesario que los encargados del manejo político y económico del país entiendan que, en las circunstancias críticas actuales, el alza generalizada de precios y la carestía son factores que podrían redundar, más temprano que tarde, en la profundización de los descontentos sociales y hasta en escenarios de ingobernabilidad. Es necesario que se adopten medidas orientadas al apoyo de la población, especialmente de sus segmentos más desprotegidos.