Alrededor de 49 millones de mexicanos –45.8 por ciento de la población nacional– enfrentan algún grado de inseguridad alimentaria. De ellos, 23 millones tienen serios problemas de acceso a la alimentación, es decir, dejaron de comer un día o de hacer alguna ingesta porque carecían de recursos económicos para ello.

La Medición Muldimensional de la Pobreza, que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer hace unas semanas, y que es la metodología oficial establecida por la ley, contempla como uno de sus indicadores el derecho social a la alimentación.

De acuerdo con sus resultados, el porcentaje de personas en inseguridad alimentaria –con datos de 2008– es superior al que el mismo organismo reportó en julio, basado únicamente en el ingreso: 18.2 por ciento –19.5 millones de mexicanos– carecía de recursos para adquirir la canasta básica, esto es, 3.5 millones menos de los que se reportan ahora.

De acuerdo con la última medición, el derecho a la alimentación significa que todos los individuos deben disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación adecuada y los medios para obtenerla. No padecer hambre es el mínimo nivel que debe estar garantizado dentro del derecho a la alimentación.

Acuerdos internacionales

El documento indica que ante la ausencia de criterios en el marco normativo mexicano para definir los componentes del derecho a la alimentación, el Coneval acudió a lo dispuesto en los acuerdos internacionales ratificados por el Estado mexicano en la materia, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, lo cual incluye la alimentación.

También hace mención a la Declaración de Roma de 1996 sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, en la que se reafirma el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.

Hace referencia a la seguridad alimentaria, la cual, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), comprende el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad de los alimentos.

El Coneval refiere que se adoptaron escalas de seguridad alimentaria para evaluar la preocupación por la falta de alimentos, los cambios en la calidad y cantidad de los mismos, e incluso las experiencias de hambre.

Para México, un grupo de especialistas catalogó cuatro posibles niveles de inseguridad alimentaria: severa, moderada, leve y seguridad.

Agrega que aun cuando cualquier nivel de inseguridad alimentaria implica una restricción relevante para disponer de acceso a la comida, existen diversos factores culturales y contextuales que pueden dificultar la comparación del grado de esa seguridad entre hogares.

De acuerdo con esto, se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a los hogares que tengan un grado de inseguridad tanto moderado como severo. Se toma en cuenta si las personas tuvieron variedad en sus alimentos, si por falta de dinero dejaron de hacer una comida, si se quedaron sin comer una vez al día o dejaron de ingerir alimentos.

Los datos reportados indican que 24.2 por ciento de la población vive en un grado de inseguridad alimentaría leve, 12.8 por ciento en grado moderado y 8.8 por ciento en un nivel severo. Esto arroja un total de 48.8 millones de personas en algún grado de inseguridad alimentaria.

El Coneval también desarrolló una nueva canasta alimentaria, ya que la anterior tenía 25 años de vigencia y los hábitos alimenticios ya cambiaron en este periodo. Para ello se tomó en cuenta la actual ingesta energética y de otros nutrientes de la población; los aportes nutricionales por cada alimento, los requerimientos y recomendaciones de consumo de nutrientes, y los datos sobre gasto y frecuencia de consumo de alimentos de los hogares.

El organismo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social refiere que para la construcción de la canasta alimentaria se elaboró una tabla de aportes que toma en cuenta las calorías, las proteínas, las vitaminas A y C, y los minerales hierro y zinc, a partir de la información proporcionada por instituciones públicas y especialistas, así como la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La canasta básica alimentaria rural incluye productos como maíz, tortilla, pasta para sopa, trigo en diversas presentaciones, tubérculos, arroz, quesos, carne de res, ternera, huevo, pollo, algunas verduras, aceites, pollo rostizado, frijol, azúcar, agua embotellada, refrescos de cola y sabores. Para los hogares urbanos, a esos productos se agregan yogur, jugos y néctares.

También se estableció un parámetro de gastos mínimos necesarios identificados como canasta urbana, que al mes suma mil 921 pesos, y se incluyen gastos de la canasta básica alimentaria, transporte, cuidados personales, educación, cultura, recreación, gastos en vivienda. Para la rural son mil 202 pesos al mes por persona.