La Paz, 27 de diciembre. El gobierno de Bolivia, por medio del director de distribución de tierras, Cliver Rocha, anunció un plan para repatriar a un centenar de familias pobres de emigrantes bolivianos, a las que se dotará de tierra en el oriental departamento de Santa Cruz.

Cuando les dijimos que accederían a estos terrenos desbordaron en llanto, porque la mayoría trabaja en la agricultura en condiciones de peonato en el norte de Argentina y Chile, indicó el funcionario.

El plan de repatriación iniciará con mil 500 hectáreas y prevé que la consolidación de los asentamientos tome cinco años, en los cuales se desarrollará la construcción de viviendas, la preparación de la tierra y las primeras siembras; luego se extenderá a residentes bolivianos en otros países como España, dijo Rocha.

La información sobre la reincorporación de emigrados fue conocida un día después que el presidente Evo Morales inició una reunión con las seis federaciones de campesinos del Chapare para evaluar su gestión de gobierno desde 2006, y proyectar el mandato que iniciará el 22 de enero del año próximo, luego de conseguir 64 por ciento de los votos en la elección del pasado 6 de diciembre.

Gracias a los movimientos sociales de Bolivia ahora tenemos dos tercios en el Senado y en la Cámara de Diputados, destacó Morales, al tiempo que llamó a impulsar la legalización del cato de coca –un área de 40 por 40 metros en la que se cultiva el arbusto–, medida a la que atribuyó enorme importancia para controlar la producción de esa planta, pues se fijará una cifra límite para que la producción no sea destinada a la siembra de drogas ilegales.

Una necesidad que tenemos es lograr un mercado legal de la coca, por eso estamos racionalizando el cato de coca. Es nuestra obligación plantear cómo legalizarlo en el Congreso, ahora Asamblea Legislativa Plurinacional, explicó el jefe de Estado boliviano, y agregó que actualmente las leyes no reconocen el cato de coca, pero es una extensión de cultivo que se respeta, pues fue defendida mediante la fuerza sindical y fuerza electoral.

La aplicación de la propuesta pasa por la reforma de la ley 1008 de Sustancias Controladas, que establece un límite de 12 mil hectáreas legales en la región de los Yungas, al norte de la capital, para el consumo tradicional; no obstante, en Bolivia hay más de 20 mil hectáreas de cultivos de coca, la mayoría en la zona del Chapare, bastión político de Evo Morales.

En otro punto de la evaluación de su gobierno, el mandatario consideró que Bolivia cumplió con el mandato del movimiento indígena latinoamericano, el cual en 1992 estableció la toma del poder como instrumento político.

Morales rememoró una conferencia regional de líderes indígenas campesinos, celebrada en Nicaragua, cuando se recordaban los 500 años de la invasión europea; de dicho evento sale el mandato (para pasar) de la resistencia a la toma del poder del movimiento indígena, evocó.

Yo diría compañeros, al movimiento indígena de Latinoamérica, que esa decisión que tomaron un 12 de octubre de 1992 ha sido cumplida en Bolivia, por eso hemos tomado el poder, concluyó Morales.