Buenos Aires, 27 de diciembre. A pesar de demoras, obstáculos y presiones sobre la justicia, por parte de militares y civiles ligados a la última dictadura militar (1976-1983), el año termina aquí con la cifra más alta de juicios contra responsables de delitos de lesa humanidad. Esta situación sólo se compara con el histórico enjuiciamiento en 1985 a los jerarcas de la fuerzas armadas que conformaron las juntas dictatoriales.

El proceso judicial iniciado después de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2005, y la identificación de varios cadáveres de desaparecidos, entre ellos el mítico dirigente sindical peronista Jorge Di Pascuale, o los restos de Carlos Santucho, que pertenece a una familia diezmada por la dictadura, abre esperanzas para los que buscan desde hace más de 30 años a sus familiares.

Este lunes se velarán en la sede del sindicato de Farmacia los restos de Di Pascuale, encontrados, junto a otro centenar de cadáveres NN en una tumba colectiva en el cementerio de Avellaneda, ubicado al sur de esta capital.

También mañana serán velados en Santiago del Estero los restos de Carlos Santucho, secuestrado y asesinado en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti, por donde pasaron buena parte de las víctimas de la Operación Cóndor.

Aún falta saber qué sucedió con una decena de familiares del máximo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo, Roberto Mario Santucho, también desaparecido.

Esperan condena a un centenar de militares

Estos avances de la justicia han renovado las amenazas de los grupos prodictadura, que alcanzaron incluso recientemente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Se espera en 2010 la condena de más de un centenar de imputados, después que el ex general Luciano Benjamín Menéndez fuera a prisión perpetua por tercera vez, y varios otros militares represores recibieran castigos similares.

Este año, las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto número cien, de unos 400 niños nacidos en cautiverio y robados a sus madres antes de ser desaparecidas. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ordenó al juez Conrado Bergesio obtener en forma urgente el ADN de dos jóvenes –presuntos hijos de desaparecidas– adoptados en plena dictadura por Ernestina Herrera de Noble, directora del diario Clarín.