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Exigen destituir al edil de Pilcaya, Guerrero; lo acusan de nepotismo y desvío de recursos
 
Periódico La Jornada
Lunes 28 de diciembre de 2009, p. 22

Chilpancingo, Gro., 27 de diciembre. Integrantes del ayuntamiento de Pilcaya, norteño municipio guerrerense que colinda con los estados de México y Morelos, exigieron la destitución del alcalde petista Ignacio Paulino García Flores, a quien acusan de malversar fondos y dar empleos privilegiados a sus familiares.

En un oficio dirigido al Congreso de Guerrero el pasado 21 de diciembre, los regidores Pedro Flores Rodríguez, de Obras Públicas; Virginia Ávila Díaz, de Educación; Araceli Jaimes Millán, de Ecología; María Helguera Calderón, de Comercio; y Adrián Félix Salgado Manzo, síndico procurador, demandaron la remoción del alcalde.

Los denunciantes aseguran que en Pilcaya –empobrecido municipio, el más pequeño del estado, con 20 comunidades y 11 mil habitantes– el alcalde García Flores otorgó plazas con salarios hasta de 30 mil pesos mensuales a 12 de sus familiares más cercanos, y adquirió cuatro plantas potabilizadoras en más de 11 millones de pesos, pero nadie sabe dónde están.

Algunos familiares del alcalde que laboran en el ayuntamiento de Pilcaya son: su hermana Lourdes García Flores, como directora del DIF municipal; su sobrina Yuridia García Silva, como secretaria en ese mismo organismo; su cuñado Benjamín Morales, como chofer en el DIF; su cuñada Lucero Domínguez Santos, como auxiliar de terapeuta en el DIF.

Asimismo, su sobrina María de Jesús Morales García, como auxiliar de tesorería; su cuñada Antonia Abarca Adrid, en la biblioteca municipal; su sobrino Carlos Ignacio Miranda García, como auxiliar de obras; su cuñado Luis Domínguez, en el servicio de recolección de basura, y su sobrina Mariela García Silva, en la expedición de licencias.

Según los inconformes también compró una retroexcavadora y una motoconformadora usadas y deterioradas en un millón 100 mil pesos, y 33 teléfonos Nextel en 165 mil; además de incurrir en prácticas autoritarias pues no rinde cuentas ni convoca al cabildo hace tres meses y tampoco le consulta las decisiones, en un signo de ingobernabilidad que desfavorece al municipio.

Además, acusaron a García Flores de oponerse a investigar el reciente robo de un camión cargado de fertilizante, y de prohibir al síndico procurador Salgado Manzo ingresar a la sede del ayuntamiento desde el pasado 18 de diciembre.