La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y los siete órganos autónomos de esta capital no estarán sujetos a los mismos criterios de austeridad que aplicarán para el gobierno de esta ciudad, por lo que podrán otorgarse bonos, estímulos económicos, sobresueldos y demás prestaciones catalogadas por algunos diputados locales como excesivas.

Incluso, en el contexto de la discusión del paquete económico del Gobierno del Distrito Federal (GDF) para 2010, ese punto generó división entre los mismos perredistas, pues se confrontaron dos posturas: los que estaban por eliminar ese tipo de abusos y quienes alegaron que modificar la orientación del gasto de los órganos autónomos, de la ALDF y del TSJDF era atentar contra su autonomía.

Por un lado, las legisladoras del PRD Valentina Batres, Maricela Contreras y Aleida Alavez estaban en favor de que todos los organismos autónomos, incluidos la ALDF y el TSJDF deberían sujetarse a los mismos criterios de austeridad que el resto de las dependencias públicas locales.

De ahí que planteaban que en el artículo 86 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente se incluyera la prohibición de que todas las entidades de la administración capitalina pudieran otorgarse bonos o percepciones extraordinarias, gastos de representación, así como seguros de gastos médicos mayores.

Información publicada en sus respectivas páginas de Internet revela que en la mayoría de los órganos autónomos prevalecen aguinaldos dobles, como en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; bonos o estímulos por trabajo extraordinario, como en el Instituto y el Tribunal electorales de esta ciudad, así como seguros de gastos médicos o percepciones extraordinarias, como en la Asamblea Legislativa.

A pesar de esa situación, hubo algunos diputados, como Víctor Hugo Romo y Maximiliano Reyes, que coincidieron, con sus matices, en que incidir en el gasto de los cuerpos autónomos implica una violación a su carácter, e incluso, mencionaron que hay jurisprudencia en ese sentido.

“Lo que originalmente se pretendía –dijo Romo– era limitar en los autónomos los bonos, sobresueldos, y demás prestaciones, pero se discutió si era legal, porque esos órganos tiene la facultad de manejar su presupuesto como quieran, por eso cada autónomo tiene un consejo, y no es que no se quisiera ahí un gasto eficiente, sino que podría violarse la ley que le da vida a los autónomos, y hay jurisprudencia en el tema.”

Lo que salvó ese asunto, añadió el perredista, fue un artículo transitorio que obliga a esos órganos a que presenten a la ALDF su relación de gasto, su presupuesto interno detallado, a más tardar el primer trimestre de cada año.