Para solucionar el problema de la migración mexicana a Estados Unidos no sólo se necesita una reforma integral en el vecino país, sino también promover el desarrollo económico, amplio y sostenido en México. Ello requeriría de una reforma fiscal que aumente la recaudación federal, poner fin a los monopolios para crear competencia económica en los sectores dominados por una o dos empresas, y modificar la legislación sobre energéticos, a fin de permitir mayor inversión privada en esta área.

De igual manera se necesitaría una reforma laboral para fomentar la democracia sindical y otra en materia educativa, destinada a mejorar la calidad de la enseñanza pública, así como una política industrial diseñada para ampliar los vínculos entre el sector moderno de exportación y el resto de la economía, señala la mayoría de los miembros mexicanos del Grupo de Trabajo Binacional sobre la Frontera México-Estados Unidos.

Dicha instancia cuenta con la participación de una treintena de ex funcionarios, académicos y empresarios de ambos países, como Fernando Solana, ex secretario de Relaciones Exteriores; Jorge Montaño, ex embajador en Washington, y Jeffrey Davidow y Antonio Garza, ex representantes de la Casa Blanca aquí.

Un informe del grupo refiere que la migración no autorizada es un factor de irritación constante en la relación bilateral. En el país vecino da pie a medidas de control fronterizo que parecen muy lógicas desde el punto de vista económico y político, pero que acaban por ser contraproducentes; contribuye a una mayor incomprensión entre los dos países y crea antipatía hacia México y sus inmigrantes.

Tras enumerar las reformas que, a su entender, necesita el país para tener un crecimiento rápido y sostenido, la mayoría de los participantes mexicanos considera que su adopción requiere de un diálogo nacional profundo sobre el futuro mexicano y un liderazgo visionario que articule metas ambiciosas y de largo alcance para la nación.

Por lo que hace a la reforma migratoria integral, la mayoría de los miembros estadunidenses afirman que apoyarían una propuesta que incluya los siguientes elementos: regularización de los mexicanos que viven actualmente en Estados Unidos sin autorización, un plan que considere los flujos migratorios futuros, controles fronterizos eficaces y medios para que los empleadores cumplan con las prohibiciones de contratar trabajadores indocumentados, así como sanciones estrictas para quien no las observe.

Para no contraponerse a las realidades de la demografía, la geografía y la economía, señalan que es necesario tratar a México de manera diferente respecto del resto de los países cuyos ciudadanos buscan entrar en EU.

El Grupo de Trabajo auspiciado por el Pacific Council on International Policy y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sugiere establecer una comisión binacional de economistas, demógrafos, empresarios y líderes sindicales, para analizar la complementariedad y las sinergias entre ambos mercados laborales producidas por la integración económica y las tendencias demográficas de largo plazo.

Recomienda que los dos gobiernos desarrollen juntos un programa para manejar los flujos migratorios futuros, tanto temporales como permanentes, y que se tomen en cuenta las realidades del mercado laboral. Dicho plan deberá hacerse cargo de prevenir la posibilidad de fraude de los reclutadores y tendrá que asegurarse de que los derechos de los trabajadores sean protegidos a plenitud, enfatiza.