El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, coincidió con lo expresado por el obispo Raúl Vera en el sentido de que la muerte del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva fue una ejecución extrajudicial.

“Pareciera ser que la indicación es: ‘no los juzgues, ahí mismo hay que ejecutarlos para no llevarlos a juicio’”, lo que va contra el estado de derecho, resaltó.

El ex gobernador de Zacatecas advirtió que no sólo ha fracasado Felipe Calderón en su lucha contra el crimen organizado, sino que ésta “se ha convertido en una guerra muy peligrosa, porque la violencia crece cada día y el gobierno federal adopta además los mismos métodos bárbaros que emplean los capos de la droga y demás delincuentes.

La autoridad no se puede igualar a las bandas criminales. Sería muy grave que se estuviera pasando a la creación de grupos de exterminio a nivel institucional, resaltó.

Añadió que “todos están de acuerdo con que se combata la inseguridad y se frene a los cárteles de la droga y sus jefes, pero no que se aplique la ley del talión.

Ha sido muy criticada, incluso a escala internacional, la decisión del gobierno de Calderón de permitir que se difundiera una fotografía del cadáver ensangrentado de Beltrán Leyva, al que alguien colocó encima billetes y joyas, abundó.

“Fue un espectáculo macabro, que estoy seguro fue deliberado, para mandar un mensaje a los delincuentes, como si la instrucción hubiera sido: ‘ejecútenlos, no necesitamos llevarlos a juicio’.”

Agregó que los criminales respondieron de inmediato asesinando a cuatro familiares del marino Melquisedet Angulo Córdova, quien falleció en el operativo contra Beltrán Leyva.

“Es el riesgo –aseveró– de pasar por encima de la legalidad y de pretender actuar de la misma forma que los delincuentes.”

Por ello, dijo, el gobierno debe tomar en cuenta la opinión del obispo Raúl Vera y de intelectuales, defensores de organismos de derechos humanos e incluso de organismos internacionales, que han documentado los riesgos de que las fuerzas armadas, y no la policía, sean las encargadas de la lucha contra el narcotráfico.

El Estado, insistió, debe impartir justicia, garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero siempre dentro del marco jurídico, de la Constitución, porque de lo contrario Calderón llevará al país al ojo por ojo, y los que saldrán perdiendo serán los ciudadanos.

No se puede dejar de lado, recalcó, que “la estrategia de guerra de Calderón ha fallado, porque hay más muertos que en la guerra de Irak. Las ejecuciones no cesan. La prensa no deja de dar testimonio diariamente de las ejecuciones, pero también de crímenes contra personas inocentes. Lo más reciente es el ataque a civiles con granadas, cometido en Sonora”.