unos días de concluir 2009 no pueden dejar de señalarse algunas de las muchas situaciones que preocupan en materia de derechos humanos y que debieran ser atendidas en 2010. En el contexto del 43 aniversario de la adopción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU, que incluye las obligaciones de los estados parte sobre los derechos humanos a la libre determinación, al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de empleo, a la libertad sindical y a la huelga, a la seguridad social, la protección y asistencia a la familia, a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, al agua, la alimentación, la educación, la salud, al medio ambiente sano y los derechos culturales, diversas organizaciones civiles y sociales expresaron la semana pasada su preocupación por situaciones como las siguientes:
1) El hostigamiento y la represión por actores estatales y no estatales (nacionales y trasnacionales) hacia líderes sociales de organizaciones y movimientos que defienden sus derechos a la tierra, a la alimentación, al agua, a la salud, al trabajo y al medio ambiente sano, como fue el caso del reciente asesinato del señor Mariano Abarca, opositor a las actividades de la minera canadiense Blackfire en el estado de Chiapas, quien ya había denunciado amenazas de parte de esa empresa.
2) La falta de información y consulta sobre el proyecto de la presa El Zapotillo, en el río Verde, Jalisco, impulsado por las comisiones nacional y estatal del agua y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, consistente en un trasvase de cuenca y una cortina de 105 metros para abastecer de agua a la industria de León, que implicará la inundación de tres pueblos: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, así como la afectación directa de 700 personas e indirecta de 3 mil más. Las autoridades lo están imponiendo y se niegan a considerar alternativas.
3) La negación de las autoridades a asumir su responsabilidad y reparar los daños ya causados en materia de derechos humanos por el proyecto de la presa de Arcediano, que se pretendía construir para dotar con agua del río Santiago –considerado entre los más contaminados por desechos industriales– a la zona metropolitana de Guadalajara.
4) La falta de suficiente información y de consulta adecuada a la población sobre planes estratégicos contemplados en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac, especialmente proyectos como el Centro Integral de Reciclaje y Energía (CIRE) y la línea 12 del Metro, no obstante el gran impacto social y ambiental que tendrán en el Distrito Federal.
5) La falta de cumplimiento del gobierno federal y del estado de Sinaloa para reubicar e indemnizar adecuadamente a las familias de comuneros de los pueblos afectados por la construcción de la presa Picachos, ubicada al sur de Mazatlán. Policías estatales y federales desalojaron con violencia a mediados de este año a 850 familias de seis comunidades aledañas a la presa Picachos, que mantenían un plantón para evitar el inicio de operación del embalse y consideran a la presa como sinónimo de fraude y represión: Iguanas, San Marcos, Casas Viejas, El Placer, La Puerta de San Marcos y Los Copales.
6) La impunidad en casos de conflictos de tierras, como el del violento desalojo sufrido por los habitantes de San Antonio Ebulá, Campeche, en agosto de este año, cometido por un urbanizador privado, quien mediante guardias –también privados–, protegidos por la policía del estado, sacó a los pobladores de sus tierras y destruyó sus viviendas. Esto los ha mantenido hasta ahora como desplazados.
7) La pobreza y las enfermedades de la pobreza que se agudizan por falta de atención médica y de medicamentos, la ineficacia de los programas públicos y la desviación de recursos, resaltando la situación de familias indígenas con enfermos de tuberculosis en Chiapas, cuya situación ha empeorado hasta el grado de que organizaciones civiles han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y promovido un exhorto de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Salud de esa entidad para que realice una auditoría al programa estatal de tuberculosis.
8) Los graves impactos de la crisis en el ámbito laboral, que implican no sólo la pérdida, sino la precarización del trabajo y la restricción del radio de acción de los sindicatos, destacando el caso de desempleo de 44 mil personas como consecuencia del decreto emitido por el Ejecutivo federal para liquidar Luz y Fuerza del Centro, cuyos derechos económicos y sociales y los de sus familias se han afectado.
9) La falta de armonización de la legislación mexicana con los instrumentos internacionales de derechos humanos en temas fundamentales como los principios básicos y directrices sobre desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo; el acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros el derecho humano al agua y a la alimentación. Además, la tendencia reciente a ver la salud, la vivienda, la educación y la protección del medio ambiente como mercancías genera gran exclusión en el país. Las políticas públicas tienen también hasta ahora una muy limitada perspectiva de derechos humanos, y los programas de gobierno son muchas veces inadecuados e insuficientes para atender las necesidades de la población, particularmente aquella que se encuentra en situaciones de discriminación y vulnerabilidad.
