l fallecimiento de la activista Esther Chávez Cano, ocurrido ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, representa una pérdida para la lucha por la vigencia de las garantías individuales y el estado de derecho en el país. Desde 1993, en una época en que la localidad fronteriza asistía al inicio de uno de los más graves episodios de criminalidad en la historia reciente –la proliferación de asesinatos de mujeres, en su mayoría jóvenes y de origen humilde, en Ciudad Juárez y sus alrededores–, y a la demostración de un desinterés y una inoperancia oficiales tanto o más indignantes que los propios homicidios, Esther Chávez se dio a la tarea de denunciar y compilar información de tales casos en un esfuerzo documental que, posteriormente, hizo visible a escala internacional el problema que se vivía en el territorio chihuahuense.

Pero la labor de Chávez Cano no se limitó a poner de relieve un fenómeno hasta entonces soslayado por las autoridades, la mayoría de los medios de comunicación y franjas enteras de la sociedad, sino que buscó, además, desentrañar las causas profundas del mismo y procurar su prevención. Esa disposición la llevó a crear el Grupo 8 de Marzo, a impulsar la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales en pro de la Mujer, y a fundar Casa Amiga, en 1999, el primer centro de la franja fronteriza norte de nuestro país en brindar atención a las víctimas de la violencia y a sus familias.

A pesar de que la situación en Ciudad Juárez tiene hoy en día mucha mayor difusión internacional que hace una década, persiste el desinterés policiaco y político en los crímenes de género que se desarrollan en esa localidad, y éstos han sido incluso desplazados mediáticamente por la oleada de violencia derivada de la “guerra contra el narco” emprendida por el gobierno federal. Un reflejo adicional de la indolencia de las autoridades frente a los feminicidios en Ciudad Juárez es el nombramiento, avalado en septiembre pasado por el Senado, de Arturo Chávez Chávez al frente de la Procuraduría General de la República, un funcionario sobre quien pesan cuestionamientos por la actitud omisa y negligente con que desempeñó el cargo de procurador de Justicia de Chihuahua durante el gobierno encabezado por Francisco Barrio (1992-1998), periodo que se caracterizó por el persistente crecimiento en el número de asesinatos de mujeres en esa entidad.

La percepción de que la actitud insensible del Estado mexicano frente a estos crímenes ha sido un aliciente para la impunidad y la reiteración de los mismos ha sido recientemente expuesto en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declara al gobierno de nuestro país culpable de violar garantías de dos mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 2001, por no investigar de forma pertinente ni castigar a los culpables.

Deben recordarse, además, las críticas lanzadas por la propia activista fallecida a la estrategia de seguridad adoptada por el gobierno calderonista en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2008. Durante el acto, Chávez Cano reprobó la lectura reduccionista que pretende judicializar hasta los más mínimos aspectos de la vida social, y señaló que el país requiere para combatir efectivamente a la delincuencia, fomento efectivo del bienestar social, redistribución del ingreso, educación, cultura, recreación e igualdad de oportunidades.

En suma, ante el marcado deterioro en el tejido social y ante los retrocesos observados en materia de derechos humanos y vigencia del Estado de derecho en el país en general, y en Ciudad Juárez, en particular, la lucha emprendida hace más de tres lustros por Esther Chávez constituye uno de los pilares de la sociedad para hacer frente a la violencia, la impunidad y la inacción, y debe ser por ello reconocida y su labor continuada.