La recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno federal, para dar respuesta satisfactoria a la violación del debido proceso y acceso a la justicia en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, propició que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitara a la Secretaría de Gobernación responder a los cuestionamientos del organismo internacional.

Cabe recordar que tan pronto se conoció la resolución de la CIDH el 23 de noviembre, Gobernación se comprometió a acatarla de inmediato.

El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de la diputada Florentina Morales, acusó que “el problema de los desaparecidos políticos en México continúa siendo una deuda histórica con los familiares, amigos y víctimas.

“Las desapariciones forzadas en el periodo de la guerra sucia se dieron en un contexto de operativos de contrainsurgencia, y entre sus víctimas se encontraban luchadores sociales e integrantes de organizaciones populares. En muchos casos estas personas desparecieron o fueron ejecutadas tras haber sido detenidos por miembros de las fuerzas armadas y policiacas.”

En aquella época las víctimas y sus familias no tuvieron acceso a procesos justos ni a la verdad histórica. Por tal razón, la intervención de la CIDH obliga al Ejecutivo federal a esclarecer el caso de Rosendo Radilla.

La familia Radilla, después de décadas de agotar las instancias defensoras de derechos humanos en México, acudió a la CIDH, el cual emitió el 23 de noviembre una condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla, y reconoció la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos durante la llamada guerra sucia.

Ante tal circunstancia emitió el mandato al gobierno mexicano para continuar con la búsqueda de Rosendo o, en su caso, de sus restos mortales. Para ello el Estado deberá tener en cuenta la existencia de los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.

Por lo tanto, el Congreso exhortará a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, a implementar los mecanismos para que el gobierno federal dé cabal cumplimiento a la sentencia.