El gobierno carece de instrumentos que por ley salvaguarden la identidad de los militares, marinos y policías que participan en operaciones contra el crimen organizado –algunos de los cuales pierden la vida–, por lo que es necesario que se impulsen reformas legales que impidan que sus familiares corran riesgos, señalaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad Pública (SSP) federal, así como el investigador Martín Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Samuel González Ruiz, ex fiscal antidrogas de la PGR, señaló que las acciones de venganza contra los familiares del marino Melquisedet Angulo Córdova obedecen a que el Estado mexicano rompió los códigos de respeto a los derechos humanos del enemigo que ordenan los tratados de Ginebra en casos de guerra, e incluyo a las fuerzas federales que sin duda solaparon que los peritos de Morelos modificaran la escena del crimen y permitieron que se tomaran las fotografías al cadáver de Arturo Beltrán Leyva cubierto de billetes, lo que los vuelve en cómplices.

Según los entrevistados, todos los integrantes de grupos especiales y otros participantes en las áreas dedicadas a la lucha contra el narcotráfico cuentan con seguros de vida, bonos económicos por riesgo y salarios más altos, pero nada que les garantice que su identidad se mantenga protegida.

Las entrevistas se realizaron a raíz del asesinato en el municipio de Paraíso, Tabasco, de cuatro familiares del tercer maestre Melquisedet Angulo Córdova, quien falleció el pasado 16 de diciembre debido a las heridas que le produjo el estallido de una granada durante el enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México e integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, en Cuernavaca, Morelos.

En el caso de la PGR, todos los elementos de la Policía Federal cuentan con seguro de vida y de gastos médicos mayores. Los agentes directamente involucrados en acciones contra el crimen organizado reciben un bono o compensación que llega a 20 mil pesos mensuales, dependiendo del rango que tengan.

En caso de fallecimiento de elementos de la Policía Federal, dependiente de la SSP, los deudos reciben apoyos de pensión del ISSSTE, pago de marcha, seguro de vida, seguro de separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores, ayuda educativa que garantice los estudios de sus hijos hasta el nivel de educación medio superior, y un apoyo económico único que permita a los hijos de los elementos caídos contar con recursos como un medio alterno de vida.

La Sedena otorga un bono de marcha o prestación económica que puede alcanzar 25 mil pesos en el caso de tenientes coroneles y generales que realizan actividades de inteligencia y dirigen grupos especiales.

Para los militares de grupos especiales, el monto por actividades de riesgo puede alcanzar 10 mil pesos al mes.

El investigador Barrón refirió: es imposible que las familias de los militares, marinos o policías del país que combaten el crimen organizado reciban una protección especial. Lo que se debe hacer es salvaguardar la identidad de los elementos para que no ocurran más sucesos como los de Tabasco, ya que con hechos como ésos se busca generar temor entre los persecutores de los criminales.

Señaló que mientras las autoridades sí han respetado a los familiares de los detenidos, quienes se dedican a actividades ilícitas no lo hacen.

El ex diputado Alfonso Suárez del Real señaló que el gobierno federal debe abandonar de inmediato la lógica de la guerra que está utilizando para combatir a los narcotraficantes y debe adoptar un régimen de respeto a los derechos humanos, como se lo ha ordenado recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos.