La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), debido a un delicado estado de salud y para no poner en riesgo su vida, dejó en libertad bajo reservas de ley y levantó el arraigo al que estaba sujeto el cantante de música ranchera Ramón Ayala Garza, luego que el pasado 11 de diciembre fue detenido tras un enfrentamiento entre marinos e integrantes del cártel Beltrán Leyva en una finca ubicada en Tepoztlán, Morelos.

Ricardo Nájera Herrera, vocero de la PGR, puntualizó que la libertad que se concedió al líder del grupo Los Bravos del Norte no tiene limitaciones, por lo que incluso puede salir del país. Aclaró que eso no significa que haya terminado la investigación en su contra, por lo que en caso de que el Ministerio Público Federal encuentre elementos de su culpabilidad en algún acto ilícito se procederá jurídicamente en su contra.

Ramón Ayala fue detenido junto con otras 40 personas y 11 sicarios en Tepoztlán, y al avanzar las investigaciones de las autoridades federales trascendió que en la narcofiesta estuvieron presentes los líderes del cártel Beltrán Leyva, entre ellos Arturo Beltrán Leyva, quien falleció cinco días después en otro enfrentamiento con personal de la Armada en la ciudad de Cuernavaca.

En un comunicado de prensa, la SIEDO informó que “en atención a razones de orden médico relacionadas con el deterioro crítico de la salud de Ramón Ayala Garza, mismas que en los términos de ley fueron debidamente corroboradas por el personal pericial de la institución, obtuvo autorización del juez segundo federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, para el levantamiento de la medida cautelar de arraigo a fin de salvaguardar la salud e incluso la vida del inculpado.

Lo anterior implica una libertad bajo las reservas de ley y no constituye un impedimento para que el fiscal de la Federación continúe realizando las investigaciones en la averiguación previa correspondiente para que en su momento legal oportuno se resuelva sobre la probable responsabilidad en los hechos que se le atribuyen al inculpado, que son lavado de dinero, delitos contra la salud y delincuencia organizada.