Retorna mañana al aire la televisora ecuatoriana que difundió noticias basadas en supuestos
Porque son poderosos creen que no se les va a aplicar la ley
, dice el mandatario durante una gira
Decenas de personas protestan contra la medida frente a la Superintendencia de Telecomunicaciones
Jueves 24 de diciembre de 2009, p. 19
Quito, 23 de diciembre. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, negó este miércoles que haya ordenado una sanción contra Teleamazonas, un canal crítico al que la Superintendencia de Telecomunicaciones decidió retirar del aire tres días por haber divulgado una información falsa basada en supuestos.
Durante una visita a la localidad costera de Durán (suroeste), el mandatario izquierdista aclaró que no ordenó en ningún momento que se cierre Teleamazonas, tal como lo quieren hacer ver ciertos sectores
, señaló la casa de gobierno, y agregó que la resolución sobre la suspensión la decidió un organismo autónomo y con base en el derecho
.
El vicepresidente de noticias de la estación televisiva, Carlos Jijón, dijo que hay motivos para sospechar que la decisión de cerrar Teleamazonas no se tomó en la Superintendencia (de Telecomunicaciones, Supertel), sino en la Presidencia de la República
.
El canal de televisión, crítico del gobierno, salió del aire por 72 horas a partir del pasado martes tras ser juzgado por violar una norma que prohíbe transmitir información basada en supuestos.
Los periodistas y empleados del canal acudieron a sus oficinas, aunque no lograron transmitir los noticieros mediante la página en Internet o su señal internacional. La señal del canal se reanudará la tarde del próximo viernes.
El mandatario, en declaraciones públicas, había solicitado la suspensión del medio de comunicación por 90 días, acusándolo de tergiversar información sobre las actividades de su gobierno.
Los directivos de Teleamazonas calificaron a la medida como ilegal y han dicho que tienen sospechas de que la resolución fue ordenada por el mandatario.
Porque son poderosos creen que no se les va a aplicar la ley
, dijo el mandatario durante un recorrido de obras en la porteña ciudad de Guayaquil, al negar que haya pedido la sanción.
Tendrán que pasar antes por nuestros cadáveres antes de someternos a los poderes fácticos que han querido dominar al país
, añadió Correa durante un acto posterior en otra ciudad.
Correa cuestionó los editoriales de los periódicos privados y las críticas de la oposición política, que han calificado la medida gubernamental como un atentado contra la libertad de expresión.
Golpe a la libertad de expresión. La sanción contra dos medios, el día en que se debía debatirse la Ley de Comunicación, echa sombras sobre el ejercicio de los derechos en el país
, dijo diario El Comercio en su editorial.
La resolución se adoptó en momentos en que la Asamblea comenzó el debate sobre un polémico proyecto de ley que plantea la creación de un consejo estatal para fijar políticas de comunicación y sancionar a los medios de prensa y a los periodistas.
Entretanto decenas personas se concentraron hoy en las afueras de la Supertel para protestar contra la medida, mientras la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, decidió investigar al superintendente Fabián Jaramillo por tomar la resolución.
En mayo pasado, Teleamazonas fue acusado por el gobierno de Correa de incitar a la protesta al divulgar información falsa según la cual los trabajos de exploración de gas natural en la isla Puná (suroeste) terminarían con la pesca, luego de lo cual los pobladores de la zona tomaron un taladro petrolero de Venezuela.
Teleamazonas ha sido multado dos veces por incumplir la ley durante el gobierno de Correa, quien en septiembre anterior expresó que pedirá la clausura definitiva
de la estación por divulgar una conversación suya que fue obtenida por la oposición a través de un espionaje
en su despacho.
La Superintendencia de Telecomunicaciones sancionó en la víspera a Teleamazonas con la suspensión de su señal durante tres días por transmitir meses atrás una noticia sin sustento
, que pudo haber causado conmoción entre la población.
Mientras, gremios y organismo relacionados con la actividad periodística convocaban a la población a realizar manifestaciones de protesta en las calles de Quito, en medio de una polarización política de la nación sobre la sanción y respecto de la necesidad de una regulación de los medios de comunicación en Ecuador.
Algunos ecuatorianos se apostaron desde temprano en las instalaciones de Teleamazonas y de la Superintendencia de Telecomunicaciones para pedir respeto a la libertad de expresión.
No queremos convertirnos en una dictadura como la de Venezuela con (Hugo) Chávez, lo único que queremos es un cambio, queremos orden y respeto a nuestros derechos
, afirmó a los periodistas Rosario Puente, una arquitecta que permanecía en las afueras del canal portando un cartel con la palabra respeto
.
Hace dos años, el gobierno de Venezuela se negó a renovar la licencia a un canal de televisión opositor, lo que desató una ola de protestas en ese país.
En ambos sitios de concentración las bocinas de los vehículos que transitaban no dejaban de sonar, como una señal de rechazo a la resolución en contra de los medios de comunicación.
Las autoridades retirarán además la frecuencia a una radio comunitaria de la etnia shuar, tras acusarla de llamar a la agitación a la población durante un paro amazónico, lo que rompió un acuerdo político con el gobierno y despertó la amenaza de protestas.
La Asociación Internacional de Radiodifusión, con sede en Uruguay, manifestó su preocupación por la sanción impuesta a Teleamazonas, que se suma a la revocación de la concesión a la radioemisora La Voz de Arutam, indica un comunicado.
Por último, el Comité de Defensa de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) llamó hoy en Nueva York al gobierno de Ecuador a que levante de inmediato la suspensión de las transmisiones del canal Teleamazonas.
Esta suspensión es sólo un intento de intimidar a los medios para silenciarlo. Debe ser levantada de inmediato y el gobierno debe permitir a la prensa hacer su trabajo
, afirmó en un comunicado el coordinador para América del CPJ, Carlos Lauría