Puebla, Pue., 23 de diciembre. Desde 2005, cuando el priísta Mario Marín Torres asumió la gubernatura, se ha reportado la desaparición de 3 mil 323 mujeres, según cifras de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Irma Ramos Galindo, coordinadora de la bancada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, atribuyen este fenómeno a la trata de personas para la prostitución y se basan en un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social AC (CEIDAS). Según el documento, Puebla es punto de cruce de dos rutas que utilizan las bandas de explotación de personas.

Ramos Galindo señala que la trata de personas no podría operar en la entidad sin protección de las autoridades estatales y municipales. La legisladora ha solicitado a la PGJ, a cargo de Rodolfo Igor Archundia Sierra, instituir un programa especial para investigar las desapariciones, ya que la mayoría de las denuncias son catalogadas como hechos aislados y archivadas por falta de evidencias o interés. La respuesta de los funcionarios ha sido nula.

En entrevista, Ramos Galindo refirió que el 24 de noviembre, durante la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, intentó abordar el tema nuevamente.

Le mandé dos fichas al subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la PGJ, Víctor Pérez Dorantes, para solicitarle llevar el tema a la mesa de trabajo. A la tercera tarjeta me pidió por escrito acercarme a la dependencia para tratarlo en forma personal. No me ha dado respuesta, se queja.

Juan Carlos López Rojas, encargado de prensa y sifusión de la PGJ, se negó a agendar una entrevista con Pérez Dorantes sin explicar los motivos.

Las cifras de la PGJ indican que en 2005 se denunció la pérdida de 61 mujeres de entre 14 y 29 años. Al año siguiente la cifra aumentó a 137 y en 2007 se disparó a mil 402 mujeres, un incremento de 2 mil 228 por ciento respecto de 2005.

En 2008 se reportaron mil 154 casos. Sólo en el primer trimestre de ese año, Puebla superó a Chihuahua con 256 desapariciones reportadas, mientras en el estado norteño sumaron 40.

En el primer semestre de 2009 la PGJ conoció de la desaparición de 569 mujeres, por lo cual se calcula que la entidad volverá a superar las mil denuncias al finalizar diciembre.

Los cinco años en que se ha multiplicado el número de mujeres desaparecidas en Puebla coincide con el mandato de Marín Torres, quien en 2006 fue acusado de encarcelar a la periodista Lydia Cacho por órdenes de Kamel Nacif Borge, empresario implicado en redes de pederastia y tráfico de personas con fines de comercio sexual.

El 4 de diciembre, durante el informe anual que presentó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marcia Maritza Bullen Navarro, una veintena de activistas de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla mostró pancartas en las que se leía: 3 mil 323 mujeres desaparecidas, ¿no merecen tu atención?

Vianeth Rojas Arenas, integrante de la red, responsabilizó a la PGJ y a la CEDH por la operación de las redes de tráfico sexual en Puebla, pues lejos de enfrentar este delito entorpecen las investigaciones y ocultan información, aseguró.

El tráfico de mujeres en Puebla es fortísimo. Lo han denunciado personas como Lydia Cacho, la Red de Trabajo Sexual y el colectivo Brigada Callejera. Es lamentable que los encargados de la procuración de justicia y de hacer respetar los derechos humanos en Puebla sean cómplices de los criminales, lamentó.

La CNDH y el CEIDAS publicaron este año el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, documento que reveló que por Puebla pasan dos derroteros de las bandas de trata de personas con fines sexuales.

Las dos rutas tienen como destino la frontera con Estados Unidos. La primera cruza por Hidalgo y llega a Chihuahua y Tamaulipas; la segunda recorre el Distrito Federal, Michoacán, Guadalajara y Sinaloa para terminar en Sonora y Baja California.

De acuerdo con el reporte, las víctimas son llevadas a Estados Unidos y de ahí a las Bahamas y España. El resto se distribuye en la República.

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Procuraduría General de la República ubica a Puebla entre las 16 entidades del país donde se inicia el mayor número de averiguaciones previas por tráfico de seres humanos.

En ese grupo se encuentran Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Hidalgo, Distrito Federal, estado de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.