n el peloteo de siempre, los legisladores se muestran sorprendidos por el unilateral aumento calderonista al precio de la gasolina Magna y el diesel, porque existía un compromiso de la Secretaría de Hacienda (en tiempos de Carstens, es de suponer) adquirido en el curso de las negociaciones del paquete económico para 2010 para no aplicar dicho incremento, según dicen. El problema es que los cándidos representantes populares confiaron en quien de plano no se puede confiar (y existen muchos ejemplos para sostenerlo), al tiempo que parecen olvidar que fueron ellos mismos, en la legislatura anterior, quienes aprobaron la iniciativa de Felipe Calderón para un nuevo impuesto de 5.5 por ciento a los combustibles, que entró en vigor en enero de 2008 y se prorratearía a los largo de 18 meses, mismo que quedó congelado en el primer mes de 2009. Tampoco en ese entonces nadie quiso responsabilizarse por la paternidad del novedoso gravamen, por mucho que llevara la firma del inquilino de Los Pinos y el voto de la mayoría legislativa.

Eso por un lado, por el otro, a los diputados y senadores que aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para 2010 se les hizo fácil convertir un superávit fiscal estimado en casi 21 mil millones de pesos por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diesel para combustión automotriz, en un déficit, por igual concepto, superior a 12 mil millones, de tal suerte que en el generoso reparto presupuestal a favor de sus respectivos gobernadores los señores de San Lázaro y Xicoténcatl abrieron un hoyo mayor a 32 mil millones de pesos en el renglón de ingresos, lo que por obvias razones no fue del agrado del doctor catarrito y mucho menos del inquilino de Los Pinos, a quienes les descuadraron las cuentas. Dadas las de por sí calientes negociaciones en torno al paquete económico para el año que está por comenzar, la Secretaría de Hacienda no pataleó por esa decisión del Legislativo. Simple y sencillamente se fue por lo práctico: cobrarse a lo chino (la Ley así lo permite), esperar el momento adecuado (en plena borrachera navideña) y, sabadazo de por medio, aumentar el precio de Magna y diesel sin avisar ni consultar a nadie. Total, la carga directa es para los consumidores y la abultada factura para todos los mexicanos.

A finales de 2007 senadores y diputados (prianistas, obviamente) aprobaron la propuesta calderonista de aplicar un impuesto especial a gasolinas, diesel y gas automotriz, como parte de las medidas tributarias para fortalecer el federalismo fiscal; a partir de 2008 (dichos combustibles) se gravarán con cuotas adicionales a la venta final al público en general... Los recursos que por estas cuotas adicionales se obtengan se destinan a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, conforme al mecanismo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (en los hechos, sólo seis entidades de la República se benefician con casi 42 por ciento del impuesto especial: estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas. En sentido contrario, otras cuatro apenas si alcanzan 3.6 por ciento del pastel: Nayarit, Campeche, Colima y Tlaxcala). Eso fue lo que aprobaron los prianistas, pero nadie quiere asumir el costo político de la decisión, mucho menos el inquilino de Los Pinos, quien ahora de nueva cuenta utiliza la herramienta palomeada por los legisladores, pero ahora en el mayor de los silencios.

Dos años después, tras el referido sabadazo, de nueva cuenta los legisladores fingen demencia, se muestran sorprendidos y, para taparle el ojo al macho, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el apoyo del PAN, de acuerdo con una nota de El Universal, “citó a comparecer a los secretarios de Energía y Hacienda (Georgina Kessel y Ernesto Cordero, respectivamente), para explicar las razones del incremento a la gasolina, a pesar de no estar previsto en las políticas financieras y de ingresos del gobierno. El senador del PRI Rogelio Rueda dijo que el sorpresivo aumento de 5 centavos al litro de gasolina –aplicado el fin de semana pasado– requiere de una explicación directa de los secretarios de Energía y de Hacienda ante la tercera comisión de la Comisión Permanente. Cabe formular un extrañamiento al secretario de Hacienda por el reciente incremento en el precio de la gasolina Magna de 7.72 a 7.77 pesos por litro, en abierta contravención a lo suscrito y ofrecido por el Ejecutivo federal. Diputados y senadores, incluidos los panistas, coincidieron en que el rechazo al alza del precio de la gasolina se atiene a un criterio de sensibilidad social mínimo, dadas las muy anticipables dificultades que experimentará la mayoría de los hogares mexicanos en la primera mitad de 2010” (y en la segunda también). En caso de acudir a la cita, ¿qué responderán la señora Kessel y el delfín Cordero que los legisladores no sepan y que, en otras oportunidades, no les hayan preguntado? Se trata, simplemente, de cubrir el expediente y taparse unos a otros, porque ninguna de las partes echará para atrás el gasolinazo.

Cuando el Congreso aprobó el impuesto especial a gasolinas, diesel y gas automotriz, a finales de 2007, la propia Cámara de Diputados realizó el siguiente ejercicio: con base en las estimaciones realizadas a partir de la ENIGH-2006, en el caso concreto del nuevo gravamen a los combustibles la carga tributaria será progresiva, porque será soportada mayoritariamente por los hogares con los ingresos más altos del país; son los que consumen más estos energéticos. Sin embargo, en el impacto sectorial se observa que el ingreso monetario de los hogares más pobres del país se vería afectado en mayor proporción que el ingreso monetario de los hogares más ricos del país, pues es de esperarse que la aplicación de esta contribución impactaría al alza el costo del transporte público. Así, aunque los hogares más ricos del país destinan una mayor proporción de su ingreso monetario para el consumo de gasolina y diesel, con respecto a los hogares más pobres del país, éstos destinan una mayor proporción de su ingreso monetario para satisfacer sus necesidades de transporte público. Además, si se suma el gasto que realizan los hogares del país por el consumo de gasolina, diesel y transporte público, se observa que los hogares más pobres del país destinan más del doble de su ingreso monetario para la compra de estos bienes y servicios, en comparación con la parte del ingreso monetario que le destinan los hogares más ricos del país.

Las rebanadas del pastel

El embajador del siglo XVI, Norberto Rivera, y sus Adoradoras Nocturnas, con la parienta del PAN capitalino como cabeza visible, reaccionaron de inmediato: es absolutamente inadmisible y condenable; es inmoral; una aberración, pero lamentablemente no se referían al gasolinazo.

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