El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, atribuye el asesinato a miembros de las FARC
Tras su secuestro por un supuesto comando militar, Bogotá ordenó el rescate de todos los rehenes
Los diversos partidos políticos y dirigentes repudian por separado el crimen del también ganadero
Miércoles 23 de diciembre de 2009, p. 22
Bogotá, 22 de diciembre. El gobernador de Caquetá, Luis Franciso Cuéllar, fue secuestrado anoche por un comando militar y su cadáver encontrado hoy en un paraje rural, hecho que fue atribuido por el presidente Álvaro Uribe a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El gobernante pidió una vez más a la comunidad internacional que caracterice a ese grupo armado como terrorista
.
Con inmenso dolor registramos el asesinato de nuestro gobernador de Caquetá y con toda la firmeza reiteramos la voluntad de avanzar hasta la derrota definitiva del terrorismo
, dijo Uribe en una alocución radiotelevisada, en la que aseguró que el plagio y asesinato fue responsabilidad de la columna móvil Teófilo Forero.
Altos mandos del ejército consideran que como había persecución de la fuerza pública, los terroristas seguramente para evitar hacer disparos procedieron a degollar al señor gobernador; fue degollado miserablemente
, agregó Uribe, quien en la mañana ordenó al ejército que rescatara al gobernador y a todos los policías y soldados en poder de las FARC.
El gobernante partido de la U, el Conservador, los opositores Liberal y Polo Democrático, la Fundación País Libre y diversos personajes políticos repudiaron por separado el crimen.
Al condenar el asesinato de Cuéllar, Naciones Unidas resaltó que en el derecho internacional humanitario, la toma de rehenes constituye un crimen de guerra
, y añadió: la muerte subsecuente del gobernador confiere extrema gravedad a la práctica recurrente de esta infracción por parte de dicha agrupación guerrillera
.
Una primera versión dio cuenta de que el cuerpo del político, que hoy cumplía 69 años, fue localizado por las fuerzas armadas con impactos de bala y rodeado de explosivos, luego que el hallazgo fue reportado por campesinos en una zona selvática y despoblada en las afueras de Florencia, capital de Caquetá, cerca del lugar en que fue encontrado el vehículo incinerado en el que sus plagiarios lo habían sacado de su domicilio.
Uribe dijo no entender que mientras su gobierno daba todas las garantías
para la liberación prometida en abril pasado de los soldados Pablo Emilio Moncayo y Josué Calvo, que ayer cumplieron 12 años de cautiverio, la respuesta de las FARC sea la de no liberarlos y proceder a asesinar al gobernador de Caquetá
.
Ojalá los soldados y policías puedan rescatar a todos los secuestrados
, insistió, y dijo que mantendrá la recompensa de 500 mil dólares a quienes faciliten información sobre los autores del asesinato del gobernador
Tenemos que aceptar esta realidad tan dolorosa. Es un golpe muy fuerte a nuestra institucionalidad
, dijo la gobernadora encargada, Olga Patricia Vega, al informar de la muerte de Cuéllar que le fue confirmada por el ministro de Defensa, Gabriel Silva.
El asesinato de Cuéllar, quien llegó al poder postulado por la Alianza Nacional Indígena, es el hecho de ese tipo más grave ocurrido desde la asunción de Uribe en agosto de 2002 y desde que lanzó su política contrainsurgente de seguridad democrática
, que privilegia la acción militar.
Personalmente me llamó para confirmar esa noticia. Ya no tengo más dudas que las FARC lo volvieron a hacer
, añadió Vega. Explicó que al parecer el gobernador, secuestrado antes otras cuatro veces por la guerrilla, tenía dificultad para caminar y opuso resistencia, lo que habría motivado el asesinato del también ganadero.
Desde un principio Uribe responsabilizó a las FARC del secuestro de Cuéllar, y de inmediato ordenó su rescate por la fuerza, luego que un grupo de hombres armados y con uniformes militares lo sacó a la fuerza de su vivienda en Florencia tras atacarla con explosivos, justo cuando terminó una fiesta en que celebró los 69 años que cumplía este martes.
Los plagiarios, que vestían ropa militar, mataron a un policía encargado de la seguridad del gobernador e hirieron a otros dos uniformados; después derribaron la puerta con explosivos y tras señalar que eran miembros del ejército que estaban abortando un secuestro en curso, sacaron por la fuerza a Cuéllar de su domicilio, poco después de las 10 de la noche.
He pedido a las fuerzas armadas que hagan todos los esfuerzos para rescatar al gobernador de Caquetá y a los otros secuestrados en poder de estos bandidos
, anunció esta mañana Uribe, en alusión al total de 24 militares y policías que aún mantiene en cautiverio la insurgencia como canjeables
.
Hay que hacer todo el esfuerzo
militar y policial para el rescate
, afirmó. No podemos seguir pendientes de los caprichos de los terroristas
, agregó.
La decisión dejó sin garantías el proceso de liberación de Moncayo y Calvo, lo que fue rechazado por sus familiares. El profesor Gustavo Moncayo, quien ha realizado varias caminatas en demanda de un acuerdo humanitario para la liberación de todos los secuestrados, acusó de nuevo a Uribe de torpedear
la liberación de su hijo, el cabo Pablo Emilio.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) suspendió sus gestiones para liberar a los dos soldados, al no haber garantías
, pues mientras haya la orden de rescatar por la vía militar a los secuestrados, no va a haber liberación auspiciada por el CICR
, indicó el vocero Pascal Jequier.
La senadora opositora Piedad Córdoba, que ha actuado como mediadora en otros casos similares, se abstuvo de opinar sobre la orden presidencial de rescate y expresó su esperanza de que no se continúe truncando el proceso de liberación
de Moncayo y Calvo.
El último secuestro de un mandatario regional ocurrió en abril de 2002, cuando las FARC tomaron como rehén al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y a su asesor de paz y ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri.
Ambos fueron asesinados 13 meses después en un fallido rescate realizado por el ejército y ordenado por Uribe en una zona selvática del noroeste del país, en 2003.
En otro orden, un juez de Antioquia confirmó una condena de 40 años a Salvatore Mancuso por su responsabilidad en el asesinato de 12 personas de una familia, el 29 noviembre de 1994 al frente de un grupo paramilitar. No obstante, Mancuso se encuentra en Estados Unidos, a donde fue extraditado por delitos de narcotráfico.