Bacajípare, municipio de Urique, Chih., 22 de diciembre. Empresarios proyectan edificar hoteles de cinco estrellas y un pueblo mágico para atender a 450 mil turistas que visitan cada año la Barranca del Cobre. Para ello, funcionarios de las secretarías de Turismo estatal y federal, junto con caciques, presionan a 60 familias rarámuris asentadas en la zona para que vendan sus tierras. Los hoteleros se beneficiarían de un megaproyecto turístico de inversionistas españoles que construyen un teleférico sobre el cañón.

El 5 de diciembre pasado, Tomás Ruiz, presunto asesor del Consejo Supremo de la Tarahumara, y Manuel Frías, cacique del ejido San Alonso –al que pertenecen las tierras comunales de la comunidad de Bacajípare– intentaron obtener el consentimiento de la asamblea indígena y del gobernador tradicional, Martín Moreno, para retirar una demanda interpuesta por los rarámuris ante la Procuraduría Agraria contra la decisión de la directiva ejidal de rentar 13 hectáreas de alta plusvalía a un empresario hotelero sin tomar en cuenta a sus dueños ancestrales.

Decenas de mujeres, hombres y niños caminaron varias horas por el barranco para llegar al salón comunal El Polvorín, una pequeña ranchería rarámuri ubicada en la cresta de la Barranca del Cobre, donde los citaron para tomar una decisión rápida sobre el destino de las tierras que ahora forman parte de uno de los megaproyectos turísticos de este sexenio.

Ustedes saben que hay un proyecto muy importante, que cuenta con recursos para apoyar a los indígenas que creen grupos de trabajo y se integren a la actividad económica como guías de turistas, rentando bicicletas o haciendo otras cosas. Por eso no es bueno que se estén deteniendo las cosas por malentendidos; se van a perder los apoyos que ya se tienen, dijo Tomás Ruiz a los rarámuris, a quienes citó con una semana de antelación.

Lo que no aprovechemos este año se va a perder. Allí está el dinero, insistió, y leyó un documento con el que pretendía que los indígenas se desistieran de continuar el juicio 329/2008, interpuesto en el juzgado quinto de la Procuraduría Agraria, con el que buscan recuperar el uso común de 13 hectáreas de la zona mejor ubicada en la cresta de la barranca, que en septiembre de 2008 la directiva del ejido San Alonso acordó rentar por 30 años al hotel Mirador para que amplíe sus instalaciones.

Años atrás, cuando se creó el fideicomiso turístico Barrancas del Cobre, la directiva del ejido San Alonso cedió al gobierno del estado en comodato 500 hectáreas para convertirlas en reserva. Ese polígono forma parte de las tierras comunales donde se asientan las rancherías indígenas. En esa ocasión tampoco se tomó en cuenta la opinión de los 57 ejidatarios rarámuris que tienen derechos agrarios en el núcleo ejidal.

Martín Moreno, el gobernador tradicional, consultó a los pobladores de su jurisdicción sobre esa propuesta y ellos reclamaron el derecho comunal sobre los terrenos por los que transitan hacia las rancherías dispersas por la barranca y pastorean sus chivas, como hacían sus ancestros.

La asamblea indígena decidió conservar el uso comunal de sus tierras y acusó a Pedro Moreno, uno de los pocos rarámuris que ha aceptado ser prestador de servicios turísticos, de traicionar a su gente por defender la postura de Enrique Toledo, director de Turismo estatal, y de Armando Cárdenas, gerente del fideicomiso, quienes insisten en que hay que eliminar obstáculos a los planes de los inversionistas extranjeros.

Pedro Moreno, quien ha sido traductor de la comunidad por varios años, ahora es el encargado de ofrecer apoyos a los indígenas a cambio de respaldar al fideicomiso que desarrolla el proyecto turístico de impacto internacional, como le llama ahora este rarámuri sin poder encontrar la traducción a su lengua materna.

La comunidad indígena de Bacajípare, en especial las mujeres y los jóvenes que elaboran artesanías para vender a los turistas, tiene otra idea de su integración al desarrollo turístico. Ellos buscan beneficio para todos con un proyecto comunitario que les permita sumar a las 65 familias rarámuris, construir un balneario, abrir rutas de ciclismo de montaña y cobrar peaje por cruzar sus tierras, un esquema que ya funciona en otras zonas de la sierra Tarahumara.

No queremos que nos apuren. Los indígenas estamos platicando para ver cómo hacemos las cosas, dice el gobernador tradicional, y lo respaldan mujeres y hombres que exigen respeto a sus usos y costumbres para resolver asuntos comunitarios.