Realizar un diagnóstico profundo del estado actual de la policía de investigación, un análisis de la situación económica de los agentes, así como programas para evitar que hagan tareas administrativas, como el resguardo de inmuebles, patrullajes y de escoltas, para que se dedique exclusivamente al trabajo de inteligencia, son las primeras acciones ordenadas por el Consejo para la Aplicación del Nuevo Modelo de la Policía de Investigación.

Durante la sesión plenaria de dicha instancia, que se ha reunido en 14 ocasiones en los tres meses que lleva constituido, líderes de organizaciones ciudadanas y académicos, como Isabel Miranda de Wallace, Elena Azaola y Ernesto López Portillo, entre otros, exhortaron al jefe de Gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard Casaubon, a dar sustento a la renovación de la policía con la asignación del presupuesto necesario para tal fin.

Incluso Miranda de Wallace, presidenta de la organización ciudadana Alto al Secuestro, propuso que una comisión de los integrantes del consejo se reúna con el gobernante capitalino con el propósito de hacer esta petición de manera personal.

Al respecto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, respaldó la propuesta de reunirse con el Ejecutivo local, aunque recalcó que el jefe de Gobierno sigue muy de cerca este nuevo modelo, y reiteró que ante el recorte presupuestal y garantizar la realización de esta reforma la dependencia a su cargo tendrá que racionalizar los recursos e incluso sacrificar algunos proyectos para garantizar para dar prioridad a este compromiso del gobierno capitalino.

En total, son 15 las acciones que el consejo decidió que se deben llevar a cabo en el corto, mediano y largo plazos, las cuales incluyen también un programa exhaustivo de evaluación y certificación de todos los elementos de la policía de investigación, dotarla de un mejor equipamiento, reconfigurar los horarios de trabajo, hacer una revisión de los salarios de los agentes, así como diseñar un paquete de derechos sociales.

Asimismo, se establece que el objetivo es que los elementos policiacos sólo deben salir a la calle para realizar trabajo de investigación o en cumplimiento de una orden ministerial o judicial. También se iniciará un diálogo con la Comisión de Derechos Humanos local para analizar la viabilidad de desbalizar el parque vehicular de la policía, excepto en los casos en que las patrullas lo requieran, así como la instauración de la figura del ombudsman policial.