l pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó ayer por mayoría –39 votos en favor, 20 en contra y cinco abstenciones– las reformas al Código Civil de la capital, con lo que se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. El cambio legislativo permitirá a las parejas homosexuales, entre otras cosas, obtener créditos bancarios, establecer vínculos patrimoniales, heredar bienes, acceder a beneficios de seguridad social y adoptar hijos.

Como era de esperarse, por ser un tema de suyo polémico, este proceso legislativo enfrentó las cortapisas impuestas por la bancada del Partido Acción Nacional, cuya dirigencia local anunció ayer mismo que presionará al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, para que vete la ley, y que incluso impulsará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jerarquía católica, por su parte, volvió a expresarse ayer en contra de las uniones entre personas del mismo sexo, ahora en voz del arzobispo primado de México, Norberto Rivera, quien señaló que la reforma comentada inevitablemente llevará a la sociedad a la ruina.

La aprobación de la iniciativa debe saludarse, en primer término, porque continúa y amplía el reconocimiento jurídico de las uniones entre homosexuales –un proceso que se había iniciado hace ya tres años con la Ley de Sociedades de Convivencia–, y porque con ello se da un impulso decidido a la adecuación del marco legal vigente en la capital del país con la realidad de una sociedad moderna, plural y diversa.

Como previamente había ocurrido con la propia Ley de Sociedades de Convivencia, la Ley de Voluntad Anticipada y la despenalización del aborto, la aprobación de los matrimonios homosexuales reafirma la soberanía de los individuos sobre sí mismos en ámbitos cruciales de la vida humana, como son la identidad personal, la salud, la potestad sobre el propio cuerpo, las preferencias sexuales y las relaciones afectivas.

En particular, al colocar a las uniones homosexuales bajo la misma figura jurídica que las heterosexuales –y dotarlas, por consiguiente, de los mismos derechos y responsabilidades–, se avanza en el combate a la injusta discriminación y al hostigamiento que las primeras han padecido históricamente en nuestro país. En lo sucesivo, corresponderá a la sociedad contribuir a la profundización de una cultura de respeto y tolerancia hacia la diversidad sexual, que complemente adecuadamente la decisión tomada ayer por la ALDF.

Más allá de lo social, la votación que tuvo lugar en la sede legislativa de Donceles y Allende reviste una innegable importancia política, toda vez que ocurre a la par de un proceso regresivo a escala nacional en materia de derechos sexuales y reproductivos, con la aprobación de reformas antiaborto en más de la mitad de los congresos estatales, respaldadas por el binomio PRI-PAN.

Esta oleada de oscurantismo político y legislativo no sólo vulnera la libertad de las personas a decidir sobre sus cuerpos, sino que además pretende soslayar la responsabilidad del Estado ante un grave problema de salud pública, como lo es el elevado número de muertes a causa de abortos clandestinos mal practicados.

Cabe insistir, por último, en que la descomposición del tejido social en el país no se solucionará con discursos moralistas ni con la imposición de manuales de buenas costumbres a la población. Dicha tarea demanda, en cambio, un compromiso efectivo por parte de las autoridades para combatir los exasperantes rezagos sociales que recorren el territorio nacional, luchar contra la corrupción que campea en las distintas esferas del poder político, emprender un viraje en lo económico y adoptar un rumbo claro y viable en la conducción del país.