Puebla, Pue., 21 de diciembre. Más de 40 mil personas han sido defraudadas en el estado por cinco empresas que captan ahorros del público sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Financiera Coofia, Grupo de Bienestar Social La Paz, Sitma, Invergroup y Comercializadora Mexicana de Servicios, Bienes, Médicos y Recursos Administrativos (Comsbmra).

La cifra de personas timadas en Puebla se obtuvo de una auditoría que realizó el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) a Coofia a principios del año, así como de las declaraciones de los dueños de Sitma, Invergroup y Comsbmra, y de documentos de Grupo de Bienestar Social La Paz.

Sin embargo, sólo unas 10 mil personas han interpuesto denuncias penales por fraude ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad.

En conjunto, demandan más de mil 300 millones de pesos, y Financiera Coofia concentra 60 por ciento de las querellas; Sitma, 30 por ciento, y las empresas restantes 10 por ciento.

La mayoría de los accionistas de las cinco compañías defraudadoras se encuentran prófugos, a excepción de Edmundo Tiro Moranchel, director de Invergroup y socio fundador de Sitma.

De acuerdo con información de la Cámaras de Diputados y del Senado, este tipo de delitos han proliferado, principalmente en Puebla y Oaxaca, debido a la falta de regulación del gobierno federal y la casi nula vigilancia de las autoridades locales.

Pese al incremento de los fraudes, proliferan empresas que aprovechan las lagunas legales para captar dinero de la gente en forma irregular, para lo cual utilizan la figura de sociedad anónima.

Además, hay negocios que operan en diversos municipios y comunidades del estado con el nombre de cajas populares, pero sin autorización de la CNBV y sin que ésta ni otra dependencia gubernamental las controlen.

Sólo en Puebla operan de forma irregular más de 30 compañías, entre ellas las sociedades anónimas Invertiz, Multiplica, Invermas, Invercapital, Inverbien, Premier Capital, Más Efectivo, Más Kapital, Crezcamos Kapital, Sues Consultores y Burcap, entre otras, y las cajas de ahorro Compañía Financiera La Oveja, Maxicaja, Caja CTL y Caja Pionero.

Este fenómeno se repite en todo el país debido a la falta de regulación, coincidieron Eduardo Mendoza, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Jorge Ocejo, senador del Partido Acción Nacional (PAN). Puebla y Oaxaca son los estados con más quejas por fraudes financieros.

Según la CNBV, las únicas instituciones que pueden captar ahorro del público en Puebla, además de los bancos, son: Caja Popular Mexicana, Libertad Servicios Financieros, Caja Morelia Valladolid y Cooperativa Acreimex.

Este organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sólo reporta que 77 instituciones financieras populares y de ahorro están autorizadas y unas 300 en proceso de regulación.

Financiera Coofia

El primer caso que se destapó, a mediados de año, fue el de la cooperativa Financiera Coofia, que a finales de 2008 dejó de otorgar préstamos a sus socios y se negó a devolverles su dinero.

Esta caja de ahorro, que tenía su sede en una zona lujosa de la capital poblana, operaba desde 1997 en ocho estados más, entre ellos Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

De acuerdo con la auditoría de Bansefi. Coofia tenía en México unos 70 mil clientes y 80 sucursales, a quienes debe unos mil 500 millones de pesos, de los cuales la mitad son de ahorradores de Puebla.

A mediados de agosto la CNBV prohibió a esta financiera captar ahorros y dos semanas después informó que debido a su falta de liquidez tenía que cerrar y liquidar a sus socios.

Defraudados de la cooperativa han acusado al gobierno estatal del priísta Mario Marín Torres de alentar el fraude debido a una serie de concesiones que otorgó a la empresa, como captar impuestos locales en 2008.

Según autoridades federales y estatales, en febrero próximo se iniciará el proceso de restitución de 70 por ciento de los ahorros a los clientes de Coofia, por medio del Fideicomiso Pago, administrado por la SHCP.

Sitma e Invergroup

Después de varias quejas, la CNBV emitió comunicados para advertir que las empresas Sitma e Invergroup –las cuales desde principios de 2009 tuvieron problemas de liquidez– carecían de autorización para captar ahorros del público.

Ambas compañías gastaban millones de pesos en publicidad y se definían como empresas de inversiones inmobiliarias. Asimismo, alegaban que no tenían que pertenecer al sistema financiero pese a que captaban dinero de sus más de 10 mil clientes, el cual supuestamente usaban para proyectos de bienes raíces.

Los usuarios de Sitma e Invergroup creían que la crisis había ocasionado la falta de solvencia económica de las financieras y que sus proyectos inmobiliarios estaban parados, pero la situación reventó cuando los dueños, Edmundo, Leonardo, Mauricio e Iris Tiro Moranchel, rehusaron entregar inmuebles como pago.

Después de que la PGJE se incautó de las sucursales y otras propiedades de las empresas, los defraudados solicitaron crear un fondo estatal para recuperar su dinero, pero los diputados locales rechazaron la propuesta. Así, la única alternativa de los clientes es recurrir a la vía legal, pues por tratarse de inmobiliarias no pueden beneficiarse del Fideicomiso Pago.