Toluca, Méx., 20 de diciembre. La aprobación por vía rápida de las reformas constitucional y legal que permitirán al gobernador Enrique Peña Nieto designar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del estado de México, así como a tres de siete miembros del Consejo de la Judicatura junto con el Congreso local, son “un asalto y un albazo jurídico inadmisible”, afirmaron representantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

Luis Sánchez Jiménez, líder perredista en la entidad, aseguró que el cambio aprobado el jueves 17 por los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), PAN, Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Convergencia y Partido Social Demócrata, altera el equilibrio de poderes, es un claro retroceso en la vida democrática del país y deja ver la verdadera cara del gobernador Enrique Peña Nieto.

También calificó de indignante que Convergencia, un partido satélite, presentara la iniciativa en vez del Poder Ejecutivo estatal, sin dar tiempo a los diputados para analizarla. Aunque el PRD se abstuvo, la aplanadora priísta y sus aliados (con 60 votos) validaron que el gobernador designe a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y tenga injerencia, junto con el Congreso, en la conformación del Consejo de la Judicatura.

El cambio da lugar a la manipulación de un poder que debería ser autónomo, pero les ganó la tentación del autoritarismo y decidieron usar su fuerza en el Congreso para volver a Peña Nieto un pequeño dictador, dijo Sánchez Jiménez.

Arrepentimiento panista

En conferencia de prensa, la diputada local panista Mónica Fragoso –quien votó contra la reforma en comisiones y estuvo ausente de la sesión del jueves en la cual se aprobó la iniciativa, también se deslindó del aval otorgado por la bancada de su partido, demandó a jueces y magistrados de la entidad que promuevan una controversia constitucional para impedir que la reforma entre en vigor y pidió a los ayuntamientos mexiquenses (la gran mayoría priístas) que rechacen el nuevo esquema.

El día que se aprobaron las modificaciones el presidente del STJ, José Castillo Ambriz, presentó su renuncia pero no le fue aceptada. Mientras, juristas y jueces demandaron al gobernador vetar las modificaciones. Sin embargo, el viernes Peña Nieto las defendió con el argumento que en otras entidades se aplican ordenamientos similares.