Uno de los pendientes que dejó el periodo de sesiones que acaba de concluir en el Senado es la nueva ley federal antisecuestros, ya que las fuerzas políticas no se pusieron de acuerdo para dictaminar las 15 iniciativas en esa materia. Uno de los puntos en los que difieren es la insistencia del Partido Acción Nacional de instaurar la cadena perpetua para secuestradores.

El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, el senador panista Felipe González, comentó que es importante que se endurezcan las penas, que haya cárceles especiales y prisión permanente para quienes participan en secuestros y lesionan y matan a las víctimas, porque de otra forma esos actos aumentarán.

Hizo notar que en el caso del secuestro exprés los delincuentes quedan en libertad de inmediato, porque no se considera delito grave, a pesar de que dejan a una familia aterrada de por vida y temerosa de un nuevo plagio.

González, autor de la iniciativa que propone mayores y más duras penas a los secuestradores, informó que las 15 iniciativas de ley que están en comisiones en el Senado deben fusionarse en una sola, además de que es necesario que los coordinadores de ambas cámaras discutan si hay acuerdos para modificar la Constitución e implantar la cadena perpetua.

Agregó que en el próximo periodo de sesiones –comienza en febrero– se deberá agilizar el trabajo en las comisiones dictaminadoras para elaborar un proyecto de ley en el que se retome lo mejor de cada una de las iniciativas.

La más reciente es la que presentó el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para una ley general en materia de secuestro –luego que en mayo de 2009 se promulgó la reforma constitucional que permite al Congreso legislar en ese tema–, que incluye nuevos tipos penales y penas, distribución de competencias y formas de coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como un régimen amplio de protección a víctimas, familiares y testigos.

En esa iniciativa, firmada por el coordinador Manlio Fabio Beltrones y los demás integrantes de su bancada, se propone aplicar penas de 15 a 30 años de prisión al que incurra en secuestro, que aumentarán 10 años cuando el plagiado sea menor de 18 años o mayor de 60, o en los casos en que el secuestrador sea pariente de la víctima, funcionario público, amenace o intimide a los familiares, y cuando la privación de la libertad sea mayor a siete días naturales.

Si la víctima es asesinada, se propone que no se tome como agravante el plagio, sino como un delito autónomo, a fin de que se juzgue a los autores por homicidio y por secuestro.

Por lo que se refiere a competencias, se plantea un esquema donde la persecución del delito corresponda a las entidades federativas, salvo los casos de delincuencia organizada que sean competencia federal o en aquellos casos en que el Ministerio Público Federal prevenga en el conocimiento del delito o estima pertinente atraer el caso.