La política mexicana hacia los migrantes es limitada y esquizofrénica, pues mientras por un lado aboga por los derechos de los connacionales en Estados Unidos, por otro criminaliza y discrimina a los extranjeros y solicitantes de asilo, a quienes las autoridades aseguran supuestamente para cuidar su integridad, pero en realidad violan sus derechos humanos, advierte el informe Situación de los derechos humanos de los migrantes en México, elaborado por la organización Sin Fronteras.

Al privar a los extranjeros de su libertad en las estaciones migratorias se vulneran sus garantías fundamentales, como el debido proceso y el acceso a la justicia, señaló Emilio Chávez, director ejecutivo de esa agrupación civil.

El argumento de cuidar la integridad del Estado no alcanza para justificar las irregularidades que se cometen contra los migrantes, centroamericanos en su mayoría, quienes padecen detenciones sistemáticas y violatorias de las garantías fijadas en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México, agregó.

Ayer se celebró el Día Internacional del Migrante, con motivo del cual Sin Fronteras dio a conocer el informe con datos sobre la situación que prevalece en las estaciones dependientes del Instituto Nacional de Migración.

El documento se refiere en particular a los centros Siglo XXI, ubicado en Tapachula, Chiapas; y Las Agujas, en Iztapalapa, Distrito Federal, los cuales tienen la mayor capacidad instalada. Pueden recibir a 940 y 450 personas a la vez, respectivamente.

Aunque Chávez reconoció que hubo avances con la modernización de las instalaciones, principalmente en Tapachula, y ahora son menos indignas que antes, prevalecen deficiencias como falta de limpieza y cobertura de necesidades básicas de los migrantes.

Sin Fronteras consideró que más que un interés por mejorar las condiciones de estancia de los extranjeros, el objetivo de las obras es dar una mejor imagen pública de las estaciones migratorias, tratando de ocultar la indignidad inherente a la privación de la libertad de las personas que no son culpables de delito alguno, sino que son penalizadas por el simple hecho de migrar sin cumplir con los requisitos administrativos que establece la ley.

Para Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, la falta de interés de las autoridades por el respeto a las garantías individuales es un signo visible del cambio en la política exterior, en particular con Centroamérica.

Por ejemplo, dijo, en otro momento el presidente depuesto de Honduras Manuel Zelaya se hubiera metido a la embajada de México, no a la de Brasil.

El informe de Sin Fronteras resalta que en una década (1995-2005) el número de personas detenidas aumentó casi 150 por ciento, ya que pasó de 105 mil 902 –en el primer año– a 240 mil 269.

Aumento de la corrupción

En los años posteriores la cifra disminuyó a alrededor de 100 mil –en 2009 van casi 70 mil–, lo cual podría deberse a las variaciones en las condiciones socio-económicas que impulsan a los extranjeros a migrar a México o al aumento de la corrupción de las autoridades nacionales, que en vez de asegurar a los migrantes los dejan ir a cambio de algún beneficio o ceden su control a bandas del crimen organizado.

También podría haber incidido en la baja de migrantes detenidos el aumento en la violencia de la delincuencia organizada contra los extranjeros. El informe recuerda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó 9 mil 758 casos de secuestro en sólo cinco meses (septiembre de 2008 a febrero de 2009).

Además de las condiciones en que se encuentran las personas en las estaciones migratorias, para Sin Fronteras esas detenciones equivalen en la práctica a, por lo menos, las sanciones de prisión, prohibición de ir a un lugar determinado, suspensión o privación de derechos y vigilancia de la autoridad.

Más de 92 por ciento de los migrantes provienen de Guatemala (45 por ciento), Honduras (32.8) y El Salvador (14.6); y 75 por ciento de las detenciones se realizan en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, afirmó.

Lo anterior se explica, apunta el informe, por el interés de México de detener a los centroamericanos lo más cerca posible de la frontera sur, con el fin de disminuir los costos de su expulsión.