on el incremento avalado el pasado jueves, de 4.85 por ciento a los salarios mínimos –que representa poco más de dos pesos al día–, se consuma un nuevo revés a la economía de los trabajadores y sus familias, se preserva el deterioro generalizado en las condiciones de vida de la población y se confirma el carácter y antipopular del grupo que detenta el poder, así como su falta de realismo y sensibilidad social.

En el ritual que cada año se desarrolla en la sede de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) –en la que supuestamente están representados los sectores obrero y patronal, además del gobierno federal– volvieron a escucharse los argumentos falaces de los empresarios en torno a la conveniencia de no conceder un aumento digno al minisalario para preservar el empleo y la productividad. La representación sindical que acudió a las negociaciones –la Confederación de Trabajadores de México y el Congreso del Trabajo– volvió a manifestarse insatisfecha por el raquítico incremento, pero llamó a aceptarlo como un sacrificio para reactivar la economía.

Este ajuste constituye un nuevo despojo para los asalariados, si se toma en cuenta que la inflación en 2010 será de 5.4 por ciento –1.6 puntos porcentuales arriba del nivel esperado para este año, y casi un punto mayor al incremento al minisalario–, según estimaciones de analistas consultados en la encuesta mensual del Banco de México. A lo anterior deben agregarse las afectaciones derivadas de las alzas impositivas recientemente avaladas por el Legislativo y vigentes a partir del primer día de 2010, así como los incrementos que se generen de la revisión a los precios de las gasolinas y las tarifas eléctricas. Es evidente suponer que quienes terminarán padeciendo las peores consecuencias de estos aumentos de precios serán los sectores que no pueden transferirlos a terceros, es decir, los consumidores finales, entre ellos los trabajadores asalariados.

Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, el gobierno ha aplicado una férrea política de contención salarial, que constituye uno de los muchos hilos de continuidad entre los gobiernos priístas y los panistas, y se ha vuelto un factor fundamental del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. La Organización Internacional del Trabajo ubica a México como uno de los países con mayor deterioro en los salarios y apunta, en un informe reciente, que mientras los sueldos se incrementaron a escala mundial entre 1.4 y 4.3 por ciento en 2007 y 2008, en nuestro país se dio una reducción de 3.5 por ciento.

En la circunstancia actual, las negociaciones protagonizadas año con año por la CNSM implican una doble distorsión de la realidad, porque nadie puede esperar que con los actuales niveles de las percepciones se dé cabal cumplimiento al artículo 123 constitucional (cuya fracción sexta señala: Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos), y porque es claro que en el supuesto tripartismo de dicha comisión no tienen cabida la voz y los intereses de los trabajadores, sino sólo los del gobierno y los patrones.

Para el viraje que se requiere en la política salarial se necesita, en primer término, crear un organismo que vea efectivamente por la vigencia del poder adquisitivo de los sueldos y por los intereses de los trabajadores: los intentos por dotar al país de elementos de desarrollo propios pasan necesariamente por la reactivación de la economía y el mercado internos, y ello no podrá lograrse con el férreo designio actual de empobrecer a la población por la vía de la contención salarial.