Como no consiguieron la repatriación a Francia de Florence Cassez, condenada en México a 60 años de prisión por participar en tres secuestros, los padres de la mujer, asesorados por el abogado Frank Breton, estudian la posibilidad de interponer en enero próximo, ante la procuraduría de ese país, una denuncia penal para que se inicie allí una investigación en contra de Genero García Luna, actual secretario de Seguridad Pública federal y ex titular de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

Según dijo este jueves a La Jornada Agustín Acosta Azcón, abogado de Cassez en México, si los familiares de la sentenciada optan por interponer la querella ante la fiscalía francesa, la demanda estará sustentada en tratados internacionales y, fundamentalmente, en diversos artículos del Código Penal de Francia que dan cabida, al igual que las leyes penales mexicanas, a la posibilidad de aplicar una jurisdicción extraterritorial de la justicia para indagar y enjuiciar en el país investigador a funcionarios de otra nación.

Explicó que en la denuncia que será elaborada por Breton probablemente se pedirá a la fiscalía francesa investigar a los servidores públicos de la AFI o de la Procuraduría General de la República (PGR) que resultaran responsables de haber falseado información para ocultar que el operativo de captura de Florance Cassez –ocurrido en diciembre de 2005– formó parte de un montaje para simular un operativo ejemplar que pudiera impulsar la carrera política de García Luna.

El procurador y cualquier juez de instrucción en París tienen competencia por extraterritorialidad para conocer de casos de denuncias contra funcionarios mexicanos denunciados por falsificación, con motivo de agravios a un ciudadano francés en territorio mexicano, expuso Acosta.

Y esto es así porque en el Código Penal Federal mexicano (artículos segundo y cuarto) cualquier delito en el que un mexicano sea cómplice o víctima le da competencia extraterritorial para conocer de esos hechos aunque hayan ocurrido en otro país; y en reciprocidad, Francia, así como todos aquellos países que reconozcan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, están obligados a reconocer también la facultad de extraterritorialidad, añadió.

Según el abogado mexicano, en caso de que la familia Cassez se querelle contra García Luna y/o contra quien resultara responsable, un juez de instrucción francés estaría en posibilidades de girar un citatorio contra el funcionario mexicano, aunque dependería de la colaboración del gobierno nacional que se diera cumplimiento, en el país, al interrogatorio del o los servidores públicos requeridos.