o espectacular y trascendente no fue el acribillamiento de un recambiable jefe de una banda de narcotráfico caída en desgracia respecto al diseño oficialista protegido, sino la impune demostración ante los mexicanos de que el parapeto de la guerra contra comerciantes de drogas permite la violación explícita no sólo de derechos humanos y garantías constitucionales de presuntos delincuentes y ciudadanos de a pie, sino incluso de códigos básicos de respeto entre bandos en conflicto armado, como pudo verse con la fotografía de Arturo Beltrán Leyva decorada macabramente con billetes y accesorios religiosos en una especie de venganza, burla o desahogo que necesariamente hubo de ser concebida y ejecutada por mandos institucionales que fueron los únicos que tuvieron bajo control férreo el cuerpo del capo sinaloense.

Un gobierno que cree justificable utilizar las mismas o peores formas que los criminales explícitos no tiene en su horizonte una victoria republicana o una supremacía moral. Felipe Calderón ha institucionalizado la violación de lo que quede del llamado estado de derecho al propiciar que sin declaratoria de estado de excepción o de sitio se realicen diariamente operativos que lastiman profundamente a quienes tienen la desgracia de quedar entre fuegos sin control. Más allá de los graves delitos de los que se le acusa, y de su evidente peligrosidad, lo visto el miércoles en Cuernavaca muestra que en el caso de Beltrán Leyva se pasó por encima de leyes y garantías, como si el objetivo fuera el que no quedaran con vida los principales personajes. En el fondo, los hechos, y su abundante y precisa difusión televisiva, van acomodando los ánimos colectivos a conformarse con la idea de que así son y serán las cosas, que no hay nada que defender ni alegar en cuanto a derechos ciudadanos si del tema del narcotráfico se trata. Ya no hay leyes que valgan, ni procesos judiciales en busca de esclarecer culpabilidades o inocencias, sino acciones bélicas sin control que sobre la marcha dictan sentencias de vida o muerte y de golpizas y tortura.

La batalla de Cuernavaca tuvo dos actores importantes. Uno, los servicios estadunidenses de inteligencia que ayer mismo se adjudicaron parte del mérito que hubiera en el expediente Beltrán Leyva. Michele M. Leonhart, administradora interina de la DEA, elogió largamente al gobierno mexicano pero advirtió que el desenlace fúnebre viene como resultado de una cooperación significativa y el intercambio de información entre las autoridades policiales en Estados Unidos y nuestros valientes socios en México. El muy celebrado golpe al capo que pretendía hacerle ruido al Chapo pareciera, así, el anuncio de inauguración de la nueva etapa de colaboración entre la DEA y las fuerzas mexicanas, aceitado todo con los donativos enmarcados en la Iniciativa Mérida y listas ambas partes para establecer en México sus oficinas binacionales de trabajo codo con codo.

El otro factor diferente e importante son los marinos, cada vez más activos en operaciones terrestres, como si fueran la reserva personal de Calderón para enfrentar casos en los que no hubiese confianza respecto a otros cuerpos militares o policiacos. Históricamente la marina ha tenido papeles relevantes en Latinoamérica en contubernio con gobiernos dictatoriales, sobre todo en tareas de combate a segmentos liberales o de izquierda. Hoy, la Armada ha llegado a la guera contra el narco para quedarse, lo que puede significar el avivamiento de pugnas y celos respecto a las fuerzas de la Defensa Nacional, hasta ahora protagonistas estelares de las acometidas calderónicas.

Una última insistencia en un dato que ayuda a entender la magnitud relativa de lo sucedido la noche del miércoles en la capital del estado que gobierna el ultraderechista Marco Antonio Adame, intocado mediática y judicialmente a pesar de la gravedad de los sucesos, a diferencia de lo que sucede con el perredista Godoy en Michoacán (Yunque mata Familia): los Beltrán Leyva tenían actas oficiales de encarcelamiento o defunción firmadas desde el momento en que entraron en conflicto con el secretario de exportaciones toleradas, Joaquín Guzmán. Así es que la algarabía del felipismo y los voceros estadunidenses solamente es de utilería: el golpe verdadero habría sido contra el jefe máximo del cártel de Sinaloa, no contra quien se le había rebelado y debía ser exterminado.

La nueva realidad marina se redondea con el nombramiento posdatado del almirante Wilfrido Robledo como nuevo director de la Policía Federal Ministerial. El pasado 11 de noviembre, en La Jornada, el conocedor y bien informado reportero Gustavo Castillo adelantó que Robledo ocuparía ese cargo (http://bit.ly/8yxfQf). A causa de esa primicia, o por razones burocráticas no explicadas, la designación no se cumplió en esas fechas. Pero ayer, como parte del nuevo diseño marino o para aprovechar los momentos de enaltecimiento del espíritu de mano dura que causan sucesos como el de Beltrán Leyva, el procurador No chávez, No chávez, anunció el reingreso del polémico almirante a la escena policiaca.

Los saldos de Cuernavaca trascienden, como se ve, el hecho concreto del exterminio de un violento jefe narco que iba a contracorriente y al que exhibieron ayer acribillado, semidesnudo y decorado especialmente. En realidad, entre el estruendo y el pánico, se ha abierto paso en tierra una nueva realidad navegante que dará una armada vuelta de tuerca más al proyecto de mano dura y contención social. El almirante Robledo es una pieza más de ese rediseño, una pieza que es restaurada justamente porque se requiere dar el mensaje de que sus métodos, afinados estelarmente en Atenco, son hoy necesarios en el México del 2010 ya en puerta.

Y, mientras en Hermosillo sigue el tétrico teatro de la simulación institucional de castigos por el caso de la guardería ABC y los niños muertos, ¡feliz fin de semana, ya cantando dale, dale, dale!

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