San Cristóbal de las Casas, Chis., 16 de diciembre. El gobierno de Chiapas se comprometió a pagar una pensión vitalicia de 10 mil pesos mensuales a dos mujeres que quedaron viudas y a un integrante de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) que está parapléjico a causa de un accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre, cuando miembros de esa organización intentaron impedir que la policía se llevara preso al dirigente José Manuel Chema Hernández Martínez.

Después de siete horas de diálogo público, en la plaza catedral de esta ciudad, donde decenas de campesinos mantienen un plantón desde hace 50 días, las partes también acordaron que las autoridades estatales darán un apoyo de 4 mil 500 pesos mensuales y atención médica a otros dos integrantes de la agrupación lesionados durante el mismo percance, mientras se recuperan.

Según el documento firmado este miércoles, la primera entrega del dinero a las viudas de Jordán López Aguilar y Ballardo Hernández de la Cruz; a José Santos López Aguilar –discapacitado por una lesión en la columna vertebral–, y a los heridos Maximino Pérez Rodríguez y Juan Jiménez, se hará el próximo lunes en la cabecera municipal de Venustiano Carranza.

Las partes convinieron que, además de la pensión y el apoyo económico, las viudas y los lesionados recibirán estímulos para emprender proyectos productivos y becas para sus hijos.

Demandan reposición de gastos por movilizaciones

También se determinó que la solicitud de la OCEZ de que le sean pagados 500 mil pesos que ha erogado en movilizaciones durante los dos meses y medio pasados, recibirá respuesta en una próxima reunión, programada para el martes de la semana entrante.

Otro acuerdo firmado el miércoles es que las autoridades estatales repondrán a la OCEZ una camioneta dañada en el accidente del 30 de septiembre.

Los conflictos entre la organización y el gobierno del estado se agudizaron el 30 de septiembre con la detención de Hernández Martínez, la cual llevó a decenas de campesinos a instalar un plantón el 26 de octubre en la plaza de la catedral de San Cristóbal, para exigir su liberación.

Las autoridades no sólo no liberaron al dirigente histórico de la agrupación, sino que lo trasladaron al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, y el 23 de octubre aprehendieron a José Manuel Hernández de la Torre y a Roselio de la Cruz González, a quienes se internó en el penal de El Amate, situado en el municipio chiapaneco de Cintalapa. A los tres se les acusaba de despojo agravado, daños y asociación delictuosa.

Como consecuencia, el 30 de octubre 18 integrantes de la OCEZ se apoderaron de las oficinas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en esta ciudad y las entregaron el 30 de noviembre, después de que los tres dirigentes fueron liberados bajo fianza, pero decidieron mantener el plantón, al que se sumaron los excarcelados.

Lamentamos haber tomado la decisión de solicitar refugio en las oficinas de la ONU en Chiapas, pero fue necesario, pues era nuestra última salida, afirmó la OCEZ en una carta leída por Uberlaín Aguilar de la Cruz, uno de sus dirigentes, el día que las instalaciones fueron devueltas a los representantes del organismo internacional.

En la mesa que se instaló el miércoles, encabezada por el subsecretario de Relaciones Políticas del gobierno de Chiapas, José Tanús Piñasoria; Pedro Raúl López Hernández, fiscal especializado en la protección de los organismos no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos, y Néstor Escobar Roque, fiscal especializado en atención a grupos sensibles y vulnerables, se discutieron los temas jurídicos, así como la indemnización y reparación de daños.

En la siguiente mesa se abordarán asuntos agrarios y productivos, entre otros.